Organismos de Derechos Humanos advirtieron a la Suprema Corte sobre el "agravamiento" de la crisis humanitaria que se registra en las cárceles y comisarías bonaerenses, al tiempo que le pidieron al máximo tribunal que arbitre medidas para "poner fin" a la situación.

En un crítico documento entregado a la Corte, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), junto con la Defensoría de Casación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), aseguraron que en los últimos meses se agravó la "emergencia humanitaria" en los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires.

El duro diagnóstico fue trazado durante una audiencia de seguimiento del expediente iniciado por las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires. A raíz de ello, los organismos solicitaron que se conforme un comité de emergencia por sobrepoblación, que tenga la tarea de "definir las plazas disponibles y de tomar decisiones específicas para bajar la cantidad de personas privadas de la libertad".

Además, le pidieron a la Corte que "genere directrices para que los jueces reduzcan la cantidad de personas encerradas en el sistema penal, controle que se cumpla la orden de no alojar detenidos en lugares inhabilitados, e impulse acciones eficaces para la prevención, asistencia de víctimas y sanción de las torturas sistemáticas y otros tratos crueles".

"Las decisiones de política criminal de las autoridades de la provincia de Buenos Aires agravaron una situación que ya era crítica y que está produciendo un récord histórico de sobrepoblación y hacinamiento", indica el documento.

Los organismos destacaron además que "incluso el Estado provincial reconoce que aloja unas 10 mil personas por encima del cupo fijado por el propio Ejecutivo esto sin contar las personas alojadas en comisarías".

Además, señalaron que "el récord histórico de personas detenidas, aumentan las tasas de prisionización y persisten las denuncias por torturas y malos tratos, sumado a las pésimas condiciones de atención a la salud y deficiencias en la infraestructura, que caracterizan a las cárceles de la provincia".

Para los organismos que participan en este informe, "el Estado Provincial no sólo no informa cómo habrá de resolverlo sino que promueve la sanción de un nuevo código de procedimiento penal que, como resultado inmediato, generará un mayor caudal de ingresos al sistema penitenciario". (DIB)