La norma argumenta que la ley era violatoria de la Constitución, al sostener que las modificaciones tarifarias son competencia exclusiva del Poder Ejecutivo y no del Legislativo.

"Nuestro máximo tribunal explica que la apreciación de la autoridad administrativa acerca de la justicia y razonabilidad de las tarifas a los fines de su aprobación es una facultad privativa del Poder Ejecutivo", indica el decreto que llevó las firmas del Presidente, del jefe de Gabinete, Marcos Peña y del ministro de Energía, Juan José Aranguren.

El decreto también cita una resolución dispuesta por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que explica que una ley puede ser vetada si supone condiciones inviables para la economía.

"En otra oportunidad, la ex Presidente Dra. Cristina Fernández de Kirchner, mediante el dictado del Decreto Nº 1482/2010, ha ejercido la potestad constitucional de observar proyectos de ley, fundada en que la aplicación de las condiciones establecidas en el proyecto bajo análisis se consideran inviables desde el punto de vista económico financiero, no siendo factible su implementación y sustentabilidad en el tiempo ", subraya.

La norma sostiene que "las políticas adoptadas para el sector energético hasta diciembre de 2015 y desde el inicio del período emergencia pública declarada por la Ley N° 25.561 en enero de 2002, generaron un severo deterioro del sistema de abastecimiento de energía de nuestro país".

"Durante más de una década, las referidas políticas y el abandono de criterios establecidos en los marcos regulatorios desincentivaron la inversión, perjudicaron la calidad de la prestación de los servicios y llevaron a dilapidar recursos públicos, que no fueron destinados a la ejecución de las inversiones necesarias para garantizar un suministro de energía seguro y eficiente, sino a solventar momentáneamente el consumo de dicha energía, evitando poner de manifiesto el verdadero valor de la energía y omitiendo las señales de precio que resultan necesarias para el equilibrio del sistema de abastecimiento y cuidado del ambiente", argumenta.

También defiende las subas de tarifas, al señalar que "pese a los elevados índices de inflación observados durante ese período, la devaluación del valor de la moneda nacional y los crecientes costos reales de abastecimiento, el precio mayorista de la energía eléctrica y el precio del gas natural en el punto de ingreso en el sistema de transporte, así como las tarifas de los servicios públicos de jurisdicción nacional, se mantuvieron sin adecuaciones acordes a dicho contexto, lo que provocó un distanciamiento creciente entre los precios de la energía pagados por los usuarios y los costos reales de abastecimiento, con consecuencias nocivas sobre el sector y sobre la economía del país".

Además, sostiene que "en ese marco se implementaron políticas de subsidios generalizados e indiscriminados, por el que los sectores de la población con mayores recursos recibían la mayor parte del total de los subsidios, que eran soportados por todos los contribuyentes del país".

Añade que los subsidios fueron solventados "incluso por aquellos que no gozaban de algunos de los servicios subsidiados, ya que carecían, en sus localidades o regiones, de la infraestructura de redes necesarias para su abastecimiento, especialmente las redes de gas natural, situación de inequidad que se prolongó en el tiempo por la aludida ausencia de la inversión necesaria para extender dichas redes".

Macri cargó con dureza contra la oposición por el proyecto para retrotraer las tarifas y disparó: "No entendieron que no es el Congreso el que fija las tarifas".