El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, detenido desde octubre del año pasado en el penal de Marcos Paz, pidió ante la Cámara Federal por su libertad o bien que se lo excarcele bajo control de una tobillera electrónica.

Así lo hizo su abogado ante la Sala II de la Cámara Federal y en el marco de la causa que se sigue por presuntas irregularidades en los fondos públicos que se giraron para la mina Río Turbio.

El pedido de De Vido es para obtener la libertad o bien el control de una tobillera que le permita moverse en un radio de hasta 100 kilómetros a la redonda de donde fije domicilio ante la Justicia.

Fueron los abogados del ex ministro quienes elevaron el planteo: se trata de los mismos defensores del empleado informático Diego Lagomarsino, quien está en libertad y justamente bajo control de una tobillera electrónica, en el marco de la causa que investiga la muerte del ex fiscal Alberto Nisman.

La investigación en la cual está detenido el ex ministro de Planificación Federal apunta al presunto desvío de fondos para obras en la mina Río Turbio, de la provincia de Santa Cruz, con un presupuesto total de 26.000 millones de pesos: puntualmente, en la causa se investiga el desvío de 265 millones de pesos que no fueron destinados a las obras en cuestión.

Ahora, el pedido del ex ministro tendrá que ser resuelto por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, quienes firman por la Sala II de la Cámara Federal y quienes ya habían confirmado a fines del año pasado el procesamiento por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y la prisión preventiva del diputado desaforado.

En su fallo, los camaristas habían señalado la posibilidad de que, estando en libertad, De Vido pudiera entorpecer la investigación que aún tiene medidas de prueba en curso.

"La libertad del imputado puede implicar un real obstáculo al cabal esclarecimiento de la maniobra y sus completos alcances", sostuvo Irurzun, mientras que Bruglia también se había pronunciado por rechazar la excarcelación de De Vido por la gravedad del hecho de corrupción por el que se lo investiga.

Incluso, sostuvo que había evaluado la posibilidad de "imponer una medida menos gravosa" que la cárcel, pero advierto que "ella resultaría ineficaz a la luz de la motivación que acreditan los peligros procesales referenciados".