La Oficina Anticorrupción finalmente se pronunció en el caso que involucra al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, luego de que trascendiera que nombró como administrativa y luego como delegada de la filial San Fernando del SOMU a su empleada doméstica, Sandra Heredia.

El documento, que lleva la firma de Laura Alonso, cuestionó la ética del ministro, y constituye un apercibimiento sin sanción, argumentando que la ley vigente no las establece.

Vale recordar que el caso tomo estado público luego de que se filtraran audios de WhatsApp donde Triaca insultaba y maltrataba a Heredia.

El dictamen firmado por Alonso sostiene que "el funcionario no pudo desconocer que la Sra. Heredia -empleada de su hermano- se había ofrecido o le habían ofrecido ocupar un empleo en un área, si bien no dependiente, fuertemente vinculada a su jurisdicción y, en orden al aludido deber de prudencia, no debió consentir la referida contratación" y que, entonces Triaca debió actuar "transmitiendo al entonces Interventor su oposición en atención a las implicancias del caso".

"En un momento institucional donde la ética y la transparencia se señalan como valores fundamentales de la gestión de gobierno, las autoridades deben no sólo actuar con rectitud, integridad e independencia de criterio sino proyectar una imagen de cumplimiento de dicho comportamiento, a fin de no debilitar la confianza de la ciudadanía en las instituciones", señala el dictamen que publicó el portal Border.

La misiva concluye con la recomendación para el ministro quien "en lo sucesivo, deberá evitar la adopción de decisiones que pongan en riesgo la imagen que debe tener la sociedad respecto de la función pública, generando dudas sobre su integridad o la de su jurisdicción".