Luego de diez horas de sesión, cinco magistrados votaron contra el exmandatario mientras que cinco lo hicieron en su favor. La encargada de definir la detención fue la presidenta del STF Carmen Lucia, quien desempató.

El máximo tribunal de Brasil rechazó este jueves por la madrugada dar curso al pedido de habeas corpus presentado por la defensa del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva para no ingresar a la cárcel mientras apela una sentencia de 12 años por corrupción, un fallo que podría afectar la estabilidad del país antes de las elecciones de octubre. Ahora, el juez Sergio Moro podría pedir su arresto y el petista pasar las próximas instancias apelatorias detenido.

Lula encabeza las encuestas electorales a pesar de su condena y de varias acusaciones de corrupción adicionales que esperan juicio. La decisión del Supremo Tribunal Federal de permitir que una corte de menor instancia obligue al exmandatario a comenzar a cumplir su sentencia podría arruinar su candidatura y generar protestas en un momento de tensiones elevadas en el país. 

Diez horas después de iniciada la sesión, cinco jueces habían votado contra Lula y cinco a su favor y el peso del voto definitorio recayó sobre la presidenta de la Corte Carmen Lucia, quien optó por rechazar la presentación del expresidente. 

El juez Gilmar Mendes, quien votó en favor de la petición de Lula de no ingresar a prisión, argumentó que la corte no podía tomar decisiones con base en la opinión pública. 

"Si una corte cede (ante la presión), bien podría no existir", dijo Mendes. 

El juez Luis Roberto Barros argumentó que la integridad del sistema judicial está en juego. 

"Un sistema penal que no trabaja con una efectividad mínima favorece el desarrollo del instinto de hacerse justicia por propia mano", afirmó Barros, quien votó contra la petición. 

La jueza Rosa Weber, que según analistas legales podría ser crucial porque hay muchas dudas en torno a su posición frente al asunto, votó contra Lula. 

El general Eduardo Villas Boas publicó dos tuits el martes por la noche que muchos interpretaron como una forma de presionar a los 11 jueces del Supremo Tribunal Federal y una amenaza velada de intervención. Dichas preocupaciones son tomadas en serio en un país que tuvo una dictadura militar de 1964 a 1985. 

"En la situación actual de Brasil, vale la pena preguntar a nuestras instituciones y a la gente quién está realmente pensando en lo que es mejor para el país y las generaciones futuras, y a quién está preocupado sólo en su interés personal", escribió en un tuit. 

En el otro, Villas Boas dijo que compartía la ansiedad de la gente y "repudiaba la impunidad". 

En un editorial publicado el miércoles, el influyente diario O Globo dijo que un jefe militar "no debe opinar sobre asuntos judiciales y políticos". 

En un comunicado enviado a O Globo, el general Joaquim Silva e Luna, ministro de Defensa, dijo que la intención de Villas Boas era asegurarle a la gente que no se recurriría a la fuerza. 

Lula, que gozó de una inmensa popularidad tras dos mandatos como presidente entre 2003 y 2010, se ha convertido en un personaje polémico en medio de un escándalo de corrupción que ha sacudido a Brasil en los últimos años y ha enfurecido al ciudadano promedio contra la clase política. 

El exmandatario fue declarado culpable el año pasado por ayudar a una empresa constructora a lograr contratos a cambio de la promesa de que recibiría un apartamento en la playa. El encargado de dictar la sentencia fue el juez Sergio Moro, responsable de los casos derivados de la Operación Autolavado, el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil. Muchos consideran a Moro un héroe, mientras que sus detractores lo acusan de ser partidista. 

Lula siempre ha defendido su inocencia, y ha argumentado que este caso, como otros cargos de corrupción pendientes de juicio, son intentos para mantenerlo fuera de la carrera presidencial. 

Sin embargo, Lula sufrió un revés en enero, cuando una corte de apelaciones ratificó la condena relativa al mencionado apartamento. Los tres magistrados que revisaron el caso ampliaron incluso la sentencia a 12 años y un mes. 

Aunque el exmandatario puede interponer más recursos, la ley brasileña podría obligarlo a empezar a cumplir su pena, como han ordenado Moro y los otros magistrados. 

Los abogados de Lula sostienen que su cliente tiene el derecho constitucional de permanecer en libertad hasta agotar todas las apelaciones posibles. Sin embargo, en un caso no relacionado de 2016, el alto tribunal discrepó con ese argumento, y dictaminó que un condenado debería empezar a cumplir su sentencia tras la denegación de la primera apelación. 

Lula no ha dejado de hacer campaña durante toda su batalla legal, criticando a sus detractores y prometiendo no rendirse. La semana pasada, durante una escala en el estado sureño de Paraná, donde Moro lo declaró culpable, dos de los autobuses de su comitiva fueron alcanzados por disparos, que no dejaron heridos. (Ámbito)