Según datos de la Procuración de Crímenes contra la Humanidad a cargo de Jorge Auat, de los 599 trámites judiciales por delitos cometidos durante la última dictadura, en 203 hubo sentencias, 278 siguen en instrucción, 103 tienen pedido de elevación a juicio y 15 se encuentran actualmente en la etapa de juzgamiento.

Las cifras relevadas hasta el 15 de marzo pasado revelan que 381 causas todavía no encuentran Justicia, lo que implica que a 42 años del último golpe cívico militar más del 63% de los expedientes abiertos contra genocidas todavía no fueron resueltos.

Las anteriores estadísticas informadas por la Procuración de Auat cerraron al 10 de octubre de 2017. Hasta ese momento, había 287 causas en instrucción, 117 con elevación a juicio, 193 con sentencia y 16 en proceso de enjuiciamiento. La comparación de los datos permite concluir que en 157 días se logró sentencias en 10 causas, pero que la marcha de la Justicia avanza a paso lento.

"El cierre de los datos del año 2017 mostró una reactivación en la cantidad de sentencias dictadas, que fueron finalmente 27, la cifra más alta de todo el proceso de justicia desde su reapertura en 2006", destacó el informe de los fiscales, que destacaron que ese ritmo "da muestras de avance frente a los signos de estancamiento que se detectaban en informes anteriores".

Al mismo tiempo, la Procuración remarcó las "serias demoras que atraviesa el proceso" de búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. "Los datos muestran que aún resta avanzar con un número importante de causas que se encuentran en instrucción y más de 100 que se encuentran listas para llegar a juicio", recalcaron.

Los trámites

En las 599 causas en trámite son investigados 2.985 imputados, aunque algunos ya fallecieron. Desde 2006, cuando se registró la primera condena por delitos de lesa humanidad en el país, donde fue condenado Julio Héctor Simón "el Turco Julián", se obtuvieron 203 sentencias. Las 27 sentencias del año pasado no solo marcan un récord histórico. "Este número final evidencia que se ha interrumpido la tendencia decreciente que se presentaba hasta 2016", indicó el reporte.

"Si bien el total de sentencias 2017 es una buena señal respecto del avance de los procesos, lo cierto es que respecto de las restantes 397 causas, en las que aún no se ha dictado sentencia, el estado de la investigación aún presenta serias demoras", subrayaron.

De las 15 causas en juicio 12 están en debate oral y tres en plenario, en los casos de juicios que tramitan por escrito, bajo la modalidad del viejo Código Procesal Penal.

De los 103 expedientes elevados a juicio suman 103, en sólo seis ya se fijó la fecha del inicio del debate.

Las 278 causas en instrucción, un 47% del total, es una cifra "estable" respecto de los últimos tres años. "Las investigaciones continúan activas, pero también por las demoras en la tramitación hasta la elevación a juicio, lo cual implica que la mayoría de las causas en trámite están muy lejos de obtener sentencia", remarcaron.

Los imputados

Actualmente existen 2.479 personas imputadas por delitos de lesa humanidad, mientras que 506 fallecieron durante el transcurso de la investigación. Del total de sentenciados (977), 867 fueron condenados y 110 absueltos. "Sólo el 24% de los condenados (211) tienen sentencia firme. En el caso de los absueltos, el porcentaje de firmes es 11% (12)", indicaron. Al día de hoy, 37 personas que se encuentran prófugas de la Justicia.

De lo que no recibieron sentencia, unos 694 están procesados, de los cuales 54 fueron apartados temporalmente de la investigación por incapacidad, mientras que a 157 se les dictó falta de mérito: 73 fueron sobreseídos. Todavía hay 541 personas vinculadas a crímenes de la dictadura sin resolución procesal.

En sus casas

Según los datos de la Procuración especializada, casi 20% de los imputados por lesa humanidad cumplen arrestos en sus casas. En total, 1.034 personas fueron detenidas por estas causas. Unas 580 están bajo arresto domiciliario y 411 permanecen en cárceles del servicio penitenciario federal o provincial.

En tanto, 43 personas se encuentran apresados en dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad. "Esta cifra la componen mayoritariamente aquellas personas alojadas en la Unidad 34 de Campo de Mayo. Tanto en los diagnósticos de 2016 como de 2017, desde la PCCH habíamos expresado nuestra preocupación por la rehabilitación de esta dependencia sin explicitar cómo fueron saldados los problemas de seguridad que motivaron su clausura en 2013", sostuvieron.