La fiscal federal Alejandra Mángano solicitó la ampliación de la investigación por enriquecimiento ilícito contra el detenido ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, hasta el 2015 e incluyó a sus tres hijos como sospechosos del delito.

En un dictamen entregado al juez del caso, Luis Rodríguez, la fiscalía requirió ampliar el período de investigación contra De Vido y su esposa, Alessandra Minnicelli, hasta diciembre de 2015, cuando el ahora preso ex funcionario dejó de comandar el Ministerio de Planificación Federal, según el escrito al que accedió la agencia oficial Télam.

Hasta ahora, De Vido y su esposa eran investigados por el incremento de su patrimonio sin aparente justificación desde 2003 a 2007 pero ahora la fiscal amplió la imputación hasta diciembre de 2015. "Dado el avance que se ha logrado en la pesquisa, entiendo que resulta sumamente útil a los fines de obtener mayores evidencias respecto de la maniobra delictiva imputada, evaluar todo el período de tiempo en el que los dos acusados se desempeñaron en cargos dentro de la Administración Pública", afirmó la fiscalía.

De Vido fue ministro de Planificación Federal desde 2003 hasta diciembre de 2015, pero la denuncia en su contra se presentó en 2007 y por eso el período investigado hasta ahora se limitó hasta ese año. Una pericia contable ya entregada al juzgado arrojó que, hasta 2007, De Vido no podría justificar $ 1 millón de su aumento patrimonial.

"Únicamente valorando todo el conjunto temporal podremos obtener un monto que permita evaluar sus conductas a la luz del tipo penal aquí atribuido. Si limitamos la investigación al año 2007 quedarán fuera del marco de análisis aproximadamente ocho años en los que el acusado De Vido se encontraba en el ejercicio de un cargo público", agregó la fiscal.

También sostuvo que "es de público conocimiento que sobre el nombrado pesan distintas imputaciones por delitos de corrupción económica presuntamente cometidos a lo largo de su gestión"

La fiscal Mángano -esposa de Juan Tomás Rodríguez Ponte, director ejecutivo de la Dirección de la Oficina de Escuchas Judiciales de la Corte Suprema y ex secretario judicial del juez federal Ariel Lijo-, requirió medidas de prueba referidas al patrimonio de sus tres hijos Santiago, Facundo y Valeria De Vido, "por cuanto al ser los hijos del aquí imputado, Julio De Vido, entiendo que pudieron haber tenido algún tipo de participación en la maniobra delictiva objeto de la presente", argumentó en su dictamen.

Por ello, y "eventualmente para descartar cualquier tipo de intervención en estos sucesos" pidió a Rodríguez que libre oficio a la AFIP para que en diez días se envíen a la Justicia las declaraciones juradas de impuestos, ganancias, bienes personales de los tres hijos.

Además la fiscal pidió al juez evaluar como parte "una misma maniobra delictiva" el resultado de las pruebas que ya se ordenaron en una causa vinculada que se tramita de forma conexa, la que investiga a una ex empleada de los De Vido por el incremento de su patrimonio, con la sospecha de que pudo actuar como testaferro de la pareja.

De Vido está detenido con prisión preventiva en la causa por una millonaria defraudación por el desvío de fondos que debían destinarse a reconvertir el Yacimiento Carbonífero Rio Turbio. El último jueves se le dictó la falta de mérito en una causa por la compra de gas licuado.