El Concejo Deliberante de La Plata, presidido por Fernando Ponce pasadas las 12.20 del mediodía dio comienzo a la segunda sesión extraordinaria, con todos los ediles en sus bancas y aprobó hoy por unanimidad la adhesión a la Ley Provincial N° 15.000 que obliga a funcionarios y agentes del sector público a presentar y hacer pública su Declaración Jurada Patrimonial para garantizar la transparencia de la gestión.

Como primer punto, se abordó la adhesión a la ley provincial 15.000 que regula las declaraciones juradas de los funcionarios del gabinete municipal. En ese marco, el presidente del bloque Cambiemos, Claudio Frangul señaló: "Hubo una decisión política y un consenso en la Legislatura que permitió esta Ley y aquí trabajamos de la misma manera, con algunas cuestiones que propuso la oposición".

"Es un avance sustancial y junto a la supresión de las reelecciones indefinidas y el fin de las jubilaciones de privilegio marcan el camino de la transparencia en el manejo de la cosa pública", remarcó.

Por su parte, el edil del Frente Renovador Luciano Sanguinetti planteó la adhesión del bloque al proyecto: "La gente pide cada vez más transparencia en la política y que esté bien claro como nadie se enriquece del Estado es una señal en el presente y a futuro".

"Es importante pero no nos alcanza, queremos que también alcance a cómo administramos los fondos de los ciudadanos. Hay muchas cosas que se deberían transparentar como quién gana una obra pública, concesiones de servicios, esas cuestiones no se conocen y por ese presentamos el proyecto 'Ciudad Transparente'", indicó.

Por su parte, la concejal Lorena Riesgo acompañó desde el bloque la iniciativa y señaló: "Esta no es la primera vez que lo vamos a hacer porque tenemos la obligación de hacerlo antes de jurar en la Escribanía General de Gobierno y vamos actualizando la declaración en caso de que cambie.  Si no cumpliéramos estaríamos ante el incumplimiento de los deberes del funcionario público".

"Qué pasa si nosotros no presentamos esta declaración pública y la verdad es que no pasa nada. Creo que debemos establecer mecanismos más allá de la condena pública para aquellos que no cumplan con esta Ordenanza", apuntó.

Riesgo pidió también el acceso a la clave RAFAM que "permite acceder a cómo se gastan cada uno de los aportes de los vecinos de la ciudad. Cuando era oficialismo no teníamos la clave RAFAM pero hay dos dictámenes del Tribunal de Cuentas que es obligatorio entregarle a los concejales clave y usuario".

"Empecemos a trabajar de verdad en un compromiso de transparencia. En gobiernos anteriores no se daba la clave pero este gobierno hace de la transparencia una bandera y nuestros vecinos merecen saber cómo se gasta su dinero", enfatizó.

Crespo por su parte, consideró que "votar esto es un resultante de la presión social de mayor transparencia. Bienvenido que hayan recogido el guante y presentado este proyecto pero me sumo al planteo de Riesgo en torno a la información".

En tanto, la concejal Tolosa Paz indicó que "es central que se apruebe esta adhesión. Nos parece que amplia las responsabilidades a los ediles, Secretarios, jueces de falta pero es cierto que hay una Ordenanza que ya regía y la sensación que tenemos es que hay que avanzar hacia un municipio transparente, no hay que parecer sino ser transparente".

"Ni bien asumí pedí la clave de RAFAM para poder cumplir nuestra tarea. Presenté el memo a la APR y a la oficina del Presidente del Concejo Deliberante que no me fue recibido para no quedar en evidencia", en ese momento Ponce interrumpió y apuntó que "ese memo no tiene sello, por lo tanto no es válido. No hable mentiras porque puede significar acciones legales. Debe conocer la forma legislativa, presente la nota por Mesa de Entradas y después llega a mi despacho".

Tolosa Paz puntualizó además que "este Municipio incumple la Ordenanza 3096 del año 64, el Ejecutivo debe dar copia de cada uno de los decretos del Ejecutivo".

"La concejal Rollié quiso dar este debate y no tuviste suerte. Hay ganas de avanzar y la sensación es que hay que avanzar sobre la normativa vigente y no parecer ser transparente sino serlo", sentenció.

"El 20 de diciembre se votó la Ordenanza que 14984 que obligaba al Ejecutivo a hacer público el presupuesto del 2018 no sólo lo previsto sino lo ejecutado, necesitamos que se cumpla la normativa ya vigente", remarcó.

En tanto, la concejal Rollié explicó que "la transparencia no estuvo en agenda estos dos años, pero ratifico mi voto positivo, celebro que estemos votando pero esto demuestra que el tiempo y la razón ponen las cosas en su lugar".

"La letra del artículo es imprecisa. Considera a la sanción como una mera posibilidad, no tipifica la falta, no establece sanciones concretas, y que todo dependiera de que algún funcionario haga una denuncia penal. Llama la atención y preocupa que en ningún momento de este proyecto, se hable del falseamiento de datos u omisión de datos, estamos ante la posibilidad que se haga y no pase nada", expresó.

El edil Javier Mor Roig del oficialismo salió al cruce y apuntó que "las cuestiones sancionatorias tienen que ver con la legislación provincial y resta el decreto regulatorio donde además pueden sumarse".

"Quiero aclararle a la concejal Rollié que tuvimos oportunidades de debatir los proyectos de la Comisión a los cuales la concejal no asistió", refutó. Ante esto, la edil aclaró que "pude acceder al texto 10 minutos antes que se convocara la reunión con lo cual es poco serio acceder a un debate en esos términos".

Irurueta señaló que "se está trabajando en el 'Open Data' de ejecución de gastos y estará lista en poco tiempo. En cuanto a la clave RAFAM seguiré pidiendo la clave, no depende ni del Presidente del Concejo ni del Intendente, y soy el primer interesado en que todos la tengan".

V.A.