Naidenoff realizó el anunció apenas iniciado el debate sobre ese Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, en la que fue elegido presidente. A pesar de esto, aclaró que Cambiemos buscará conseguir dictamen de la norma.

"Vamos a dar el debate en esta comisión y vamos a avanzar con el dictamen hoy. Pero quiero anunciar que vamos a presentar tres proyectos de ley que involucran cada uno de los capítulos del Decreto 27/2018″, indicó el senador radical.

Los proyectos serán presentados por los diputados de Cambiemos para ser votados durante el período de sesiones ordinarias que iniciará el 1 de marzo.

Por su parte, el kirchnerismo ratificó su rechazo al decreto y planteó que "se deja ver que esta comisión no va a estar abierta a debate" porque no se invitará a expositores para que brinden su opinión sobre el DNU que modifica unas 140 leyes.

"Asombra el temor del oficialismo de abrir el Congreso. Más allá de que el decreto claramente es inconstitucional, han incendiado la Constitución Nacional", expresó la senadora del FPV, Anabel Fernández Sagasti.

Como respuesta, Pablo Tonelli (PRO) sostuvo que se va a invitar a debatir a todos los afectados y advirtió: "La comisión tiene el deber de aplicar con los DNU el mismo criterio que mayoritariamente ha aplicado a lo largo de 11 años".

La decisión del oficialismo de enviar leyes para aprobar la norma fue elogiada por el representante del bloque Justicialista, Pablo Kosiner: "Es el camino correcto. Es un avance que se manden los proyectos de ley. Si convalidamos este criterio de que cualquier concepto puede ir en un DNU, estamos convalidando una herramienta que vulnera el principio de mayorías y minorías".

Una de las mayores críticas que realizó la oposición es hacia el nuevo marco operatorio para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, que le permitirá operar como una entidad financiera e "invertir sus activos de acuerdo a las mejores prácticas financieras modernas". También se hizo hincapié en que facilita los embargos de las cuentas sueldo para cobrar préstamos, en que la Constitución no permite modificar por decreto ciertas cuestiones penales y tributarias y en la reducción de penas a las empresas que hayan cometido infracciones laborales, entre otras cosas.