Uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, Juan Carlos Schmid, lanzó otra fuerte advertencia contra el Gobierno nacional y los empresarios aliados a Cambiemos y aseguró que hay una intención "no sólo del Gobierno, sino de los factores de poder, de acorralar a los sindicalistas, de ponerlos de rodillas".

En la CGT consideran que la embestida judicial devino por el freno a la reforma laboral que el oficialismo exige se vote en el Congreso y por el rechazo al 15% de techo paritario. "Este año el Gobierno intenta marcar una referencia que la mayoría no estamos de acuerdo", sentenció el secretario general del gremio de Dragado y Balizamiento, quien ya anunció que no aceptará firmar por ese porcentaje.

"El Gobierno no ha acertado en controlar la inflación", dijo, y explicó que en cada paritaria lo central que se pretende es que "no se pierda el poder de compra de salarios". En esa línea, advirtió que además existe "el agravante que hay que registrar, que son los despidos" y vaticinó que se "alumbra un año conflictivo".

En declaraciones al canal de noticias de cable TN, el jefe cegetista fue consultado por los supuestos casos de corrupción que involucran a un puñado de líderes sindicales. En ese sentido, dijo que no defiende ni al "Pata" Medina, ni a Marcelo Balcedo ni al "Caballo" Suárez -detenidos y procesados-, pero remarcó que detrás de las investigaciones judiciales existe una "intencionalidad de deslegitimar" al sindicalismo. La idea -sostuvo- es hacer aparecer que "de un lado hay honestos, probos y del otro sindicalistas corruptos, y no es así".

Schimd explicó que el descubrimiento de millones de dólares en el caso Balcedo demuestra que  "se ha utilizado a la organización sindical (SOEME)" para otros fines, aunque hay que tener en cuenta que se trata de un porcentaje mínimo" de dirigentes vinculados a delitos. "Hay tres mil sindicatos, miles de delegados y no llegamos a una docena" de denunciados por corrupción. "No podemos caracterizar a toda la estructura sindical" de ese modo, afirmó, aunque aclaró su rol no es preservar a los apresados. "No tengo por qué defenderlos, me transmiten vergüenza ajena", aseguró.

Según Schmid, la imagen que se brinda con estos casos desde los medios de comunicación hegemónicos "es muy poderosa, se formatea a la opinión pública, tiene la intencionalidad de deslegitimar la demanda que hacen los sindicatos".

Al ser consultado por las pesquisas que se abrieron recientemente contra Hugo y Pablo Moyano por sus cargos en Independiente, Schmid respondió que "habrá que esperar qué hace la Justicia, no conozco el entramado interno del club" y advirtió que en la gestión del Gobierno anterior se lo acusó de tener cuentas en Suiza y después no se pudo probar, una sospecha que "no fue verdad".

Pericias

Daniel Llermanos, abogado del líder camionero, desmintió que su defendido y su hijo estén imputados en una causa por lavado de dinero en Independiente y consideró que esa versión se basa "en una publicación absurda". En realidad, se los investiga por el posible fraude a la institución con la reventa de entradas. "Hay una pericia que fue ordenada por la fiscal en una causa que involucra a una empresa que elabora carnets para Independiente. Se notifica entonces a Hugo y Pablo Moyano que se harán estas tramitaciones, pero no hay ninguna imputación contra ellos ni tampoco procesamientos", detalló Llermanos a la agencia oficial Télam.

La fiscal Viviana Giorgi es quien actúa en esta causa a la que se refiere el representante legal, y ordenó pericias sobre las computadoras del club que preside Hugo Moyano, en una investigación que, involucraría a la empresa Sistemas Integrados S.A.

Al mismo tiempo, la Jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y su par de Quilmes, Luis Armella, llevan adelante dos investigaciones por la emisión de documentación apócrifa, que involucran a varios sindicatos, como los estacioneros del otro triunviro Carlos Acuña, los gastronómicos de Luis Barrionuevo y los camioneros.

Por otra parte, Gabriel Pérez Barberá, titular de la Procelac, formuló otra denuncia penal contra los Moyano, la Federación de Camioneros, el correo OCA y otras empresas y entidades por presunto lavado de activos de origen ilícito. Ese expediente recayó por sorteo en el Juzgado en lo Penal Económico Nº 3 a cargo de Rafael Caputo y en la Fiscalía Nº 8 a cargo de Giorgi.

El caso se originó en un "informe de inteligencia" de la Unidad de Información Financiera (UIF) que presiden Mariano Federici, ex abogado del Fondo Monetario Internacional (FMI), y María Eugenia Talerico, una especialista en delitos tributarios cambiarios, fundadora de la ONG "Será Justicia" y ex defensora letrada del banco HSBC en tres megacausas por lavado de dinero iniciadas por el propio organismo que ahora ella dirige.