El juez federal Sergio Torres ordenó la libertad de los militantes del Partido Obrero (PO) detenidos tras los incidentes frente al Congreso Nacional en el marco del tratamiento de la reforma previsional, César Arakaki y Dimas Fernando Ponce.

La decisión judicial tuvo lugar un día después de la movilización que la izquierda llevó a cabo frente a Comodoro Py, exigiendo su libertad en el marco de la audiencia por el pedido de excarcelación de Dimas Ponce.

Se trata del segundo militante preso tras los disturbios del 14 y el 18 de diciembre, ya que también estaba detenido César Arakaki, acusado además de agredir al policía Brian Escobar. Ambos seguirán procesados.

De todos modos, ambos militantes del PO fueron embargados en $300.000 cada uno y procesados por ser autores de "lesiones en agresión, intimidación pública y atentado contra la autoridad, agravado por haber sido cometido a mano armada y por una reunión de más de tres personas", según la resolución judicial.

El juez decidió liberar a Arakaki y Ponce porque no se pudo demostrar que ellos hayan sido los agresores que causaron las graves lesiones que tuvo el policía Escobar. Sin embargo, Torres acusó directamente al Partido Obrero y señaló que "ha quedado probado que el grupo en el que se encontraban Arakaki y Ponce tuvo, desde un primer momento, un despliegue orgánico: recuérdese que estas personas acudieron a la Plaza de los Dos Congresos ya provistas de armas y explosivos de factura casera, pirotecnia, mazas y martillos con los que luego destruyeron el espacio público para proveerse de piedras; y que respondían a las indicaciones de ciertas personas identificadas como 'líderes', evidenciando un actuar coordinado".

El juez Torres le reclamó a la Policía de la Ciudad que identifique a las personas que atacaron a Julio Bazán, quien fue brutalmente agredido en el marco de la protesta contra la reforma previsional. Pese a que hay imágenes del momento en que el periodista de TN fue atacado por un grupo de personas, todavía la Policía de la Ciudad no pudo avanzar en la identificación de quienes atacaron a Bazán.

El juez reclamó que el Gobierno establezca un protocolo de actuación para este tipo de situaciones. En su resolución, Torres pidió que el Poder Ejecutivo y el congreso dicten una normativa donde "se articulen aquellos derechos que entran en juego, en el marco de una protesta social, y se proceda a su cumplimiento, lo que importará, en definitiva, garantizar de igual forma los derechos que corresponden al manifestante, al personal policial y a los terceros ajenos tales como periodistas, comerciantes, transeúntes, etc".

En cuanto a la actuación policial durante la protesta contra la reforma previsional, el juez Torres decidió procesar, embargarle $100.000 y mantener la prisión preventiva del policía federal Dante Barisone, quien atropelló con su moto al cartonero Alejandro Rosado. El agente le ocasionó "lesiones graves, agravadas por abuso de su función como integrante de las fuerzas de seguridad". Y seguirá detenido por entorpecer la investigación, ya que intentó que otro policía no declare en su contra.

El otro policía que fue procesado por el juez Torres, Alfredo Luna, seguirá en libertad, ya que no se demostró que haya intentado entorpecer la investigación. De todos modos, el juez lo procesó y le dictó un embargo de $50.000, por tirarle gas pimienta y golpear al jubilado Juan José Puchet. Según la resolución del juez, Luna "deliberadamente arrojó gas pimienta en reiteradas oportunidades y luego golpeó con su tonfa por la espalda a Puchet, quien no se encontraba llevando a cabo ningún accionar ilícito, por lo que la actitud desarrollada por Luna, de ninguna forma se encuentra comprendida dentro de las facultades preventivas ni represivas que posee la fuerza policial, tratándose en consecuencia dicho suceso de un claro abuso funcional".