Insólita polémica la que protagonizan la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la dirigencia del Partido Obrero (PO) con epicentro en un confuso episodio ocurrido a fines de la semana pasada, cuando un bombero encontró dos artefactos explosivos de manufactura artesanal debajo de un carro de asalto de la Guardia de Infantería estacionado enfrente del Departamento Central de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras desde el gobierno nacional se intentó instalar la idea de que la agrupación trotskista estaba detrás del fallido atentado, con escasas pruebas y una clara intencionalidad de demonizar a los grupos de izquierda que protagonizaron las violentas movilizaciones contra la reforma previsional, los dirigentes del PO anunciaron que iniciarán "acciones legales contra los funcionarios que intencionadamente han difundido esta burda versión". Además, anunciaron una marcha para el próximo jueves para repudiar las "infundadas acusaciones".

Según relataron altas fuentes policiales, desde la PFA "no se formuló ninguna acusación formal, sólo se elevaron las actuaciones investigativas que incluyó el testimonio de quien halló el dispositivo y un video en el que puede verse a la persona que lo colocó". La identificación del sujeto aún es tarea pendiente que deberá resolver el juez federal Sebastián Ramos con intervención del fiscal Guillermo Marijuan en una causa que investiga "amenazas e intimidación pública". El argumento oficial para apuntar contra al partido que preside Jorge Altamira fueron los panfletos hallados junto a los cilindros de gas butano con timer y un tubo de ignición, con la inscripción "Liberen a los argentinos presos en el Congreso o seguirían los atentados".

Sin embargo, tanto el titular de la Federal Néstor Roncaglia, como el Secretario de Seguridad Eugenio Burzaco, coincidieron en remarcar que "es llamativo que en un atentado así se deje la firma del autor", y que "no por el hecho de que los panfletos hallados digan eso quiere decir que el Partido Obrero sea el responsable".

Quien más convencida se muestra de la vinculación entre este otro hecho violento y el PO es Bullrich, quien ni bien se conoció el incidente, tuiteó: "La violencia política es un camino que la ciudadanía repudia, contrario a una Argentina con diálogo y respeto. Los responsables de atentar contra las instituciones pagarán por sus actos". Off the record, funcionarios de su entorno aseguran que la ministra "está obsesionada con estos hechos donde los policías terminan siendo víctimas de hechos violentos con los que ciertos sectores de escasa representación democrática manifiestan su oposición a las políticas del gobierno".

Desde la otra vereda, afirman que "la intención del macrismo es proscribir toda expresión que se oponga a sus intereses" y que para lograrlo "no les temblará el pulso en avanzar con la proscripción de aquellos que expresamos esa resistencia".