Fuentes judiciales informaron que el magistrado, en reemplazo de su colega Ariel Lijo, otorgó el recurso por el cual ahora la Cámara Federal revisará el fallo de primera instancia.

El juez Lijo procesó a Boudou días atrás en el marco de una investigación por facturas truchas presentadas en la rendición de gastos por viajes que realizó Boudou cuando era ministro de Economía.

Según consta en la causa, se habrían falsificado dos facturas del hotel "Bel-Ami" de París, Francia, por 9.395 y 6.943,23 euros respectivamente y una factura a favor del intérprete Eduardo E. Kahanne, por un monto de 3.300 euros, las cuales se presentaron en la rendición de gastos.

Concretamente, en el marco del expediente por a los viáticos asignados al viaje que realizó Boudou a París entre el 17 y 21 de febrero de 2011, el entonces ministro habría presentado una factura suscripta por Héctor Romano, en su carácter de jefe de Secretaría Privada del Ministerio de Economía, a favor de Kahanne por su actuación en la reunión de ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20, la cual fue desconocida por el intérprete.

Kahanne manifestó incluso que la factura había sido falsificada y que él solamente había cobrado 1.900 euros por los servicios brindados en los días 18 y 19 de febrero de 2011, aportando copia del recibo que habría realizado en aquella ocasión: de esta manera Boudou y su exsecretario Héctor "Cachi" Romano se habrían quedado con la diferencia de 1.400 euros.

"Corresponde recordar que el intérprete expuso haber trabajado directamente para Boudou, con lo cual no podría desconocer los días que haya desempeñado su función", señaló el juez.

Asimismo, en el marco de aquel expediente también habría presentado como comprobante una factura suscripta por Romano y correspondiente al Hotel Bel-Ami de París por un valor total de 9.395 euros, con relación al alojamiento entre el 17 y el 21 de febrero, la que también habría sido falsificada.

Pese al descargo de Boudou, quien aseguró que la rendición de gastos era ajena a su función, el juez advirtió que "el hecho de haber delegado facultades y funciones propias en otros funcionarios no permite deslindar la responsabilidad que en el ilícito le cupo".

"Consecuentemente, no puede afirmarse razonablemente que pudiera desconocer lo que ocurría y, de hecho, no lo hizo, ya que por el contrario, parecía interpretar que los montos de dinero que le eran entregados para una función específica (viáticos o gastos eventuales de la comisión) pasaban a integrar su patrimonio", agregó Lijo.