"Ha habido una resistencia sistemática a esta altura de indagar a Cristina de Kirchner", dijo Alonso, quien es querellante, junto con la Unidad de Información Financiera (UIF), en la causa que tramita el juzgado de Casanello.

El viernes, Casanello dio por cerrada la instrucción y elevó a juicio oral la causa contra Báez y otros imputados por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, por la cual el empresario santacruceño está detenido en el penal de Ezeiza desde abril de 2016, pero no incluyó a Cristina.

"El dinero lavado por Báez es de la obra pública y de la asociación ilícita montada por Néstor y Cristina de Kirchner. Eso está en los expedientes y cualquier persona lo entiende salvo el juez Casanello que se resiste a indagar a la ex Presidenta en la causa de lavado", indicó Alonso.

En declaraciones a radio Mitre, Alonso precisó que la oficina que dirige presentó un recurso de queja ante la Cámara Federal "para que se expida al respecto".

Recordó que tanto la OA, como la UIF y el fiscal Guillermo Marijuan pidieron la indagatoria a la ex presidenta y que "incluso la Cámara Federal le dijo al juez que debía vincular la causa de lavado de dinero de Lázaro Báez con la causa de la obra pública, por la cual está procesada Cristina de Kirchner como jefa de la asociación ilícita".

La ex diputada nacional insistió en explicar que "el dinero desviado de la obra pública hacia las empresas de Lázaro Báez volvía a la familia Kirchner" y, que luego de la muerte de Néstor Kirchner, "la jefa de la asociación ilícita era Cristina de Kirchner".

"No tenemos ninguna duda de que los 60 millones de dólares lavados por Báez y los 46 mil millones de pesos recibidos de la obra pública desviados por el Ministerio de Planificación eran de la familia Kirchner y Báez era un testaferro de la familia", señaló.

Precisó como "dato inadvertido" que el testamento firmado por Báez en 2010 "antes de la muerte de Néstor Kirchner" tenía una cláusula "que impide a sus hijos heredar su fortuna y empresas por 30 años, y monta un fideicomiso".

"Entendemos que este dato para nosotros es la garantía de que ese dinero y esas propiedades iban a volver al presidente Néstor Kirchner y, luego de su fallecimiento, a su familia y esposa", agregó.

De esta manera, Alonso reiteró que Néstor Kirchner "se encargó, como cerebro político y delictivo, de montar en el Estado la otra cara de la estructura societaria a través de José López y de Julio De Vido, para desviar más de 46 mil millones de pesos en contratos de obra pública".