El juez se había jubilado en el cargo en junio del año pasado debido a problemas de salud. Las causas relacionadas con la Argentina que mantenía en su juzgado pasaron a manos de la jueza Loretta Preska, una magistrada del distrito neoyorquino.

El vínculo de Griesa con la Argentina por el tema de la deuda en default tuvo su puntapié inicial en 2002 con el juicio iniciado por los fondos Old Castle y Lightwater.

La etapa de mayor rispidez entre el magistrado neoyorquino y la administración de Cristina de Kirchner, sin embargo, se desató a fines de 2011, cuando el juez se pronunció a favor de los holdouts bajo el argumento de "pari passu" que obligó al país a pagar una sentencia que otorgaba ganancias de hasta 1.600% para los litigantes.

Tres años después, en 2014, el pronunciamiento de Griesa logró pasar el filtro de la Corte Suprema de Estados Unidos y a causa de esto la deuda argentina se ubicó en "default técnico".

La última etapa del vínculo remite al 22 de abril de 2016, cuando la administración del presidente Mauricio Macri concretó el pago de 9.352 millones de dólares a los holdouts y el juez Griesa dispuso el levantamiento de las cautelares en todas las causas, permitiendo de esta manera la salida del default declarado en 2001 y la libertad para volver a los mercados financieros internacionales sin restricciones.

Si bien cada tanto aparecen reclamos aislados de fondos de inversión sobre tenencias de deuda en default, el 22 de abril de 2016 fue el punto final a una batalla judicial que se extendió por espacio de quince años.

El juez Thomas Poole Griesa, "el embargador serial", como lo definió en su momento Cristina Fernández de Kirchner, nació en la ciudad de Kansas, en el Estado de Misuouri, el 11 de octubre de 1930.

Estudió en Haravard, donde se recibió de abogado en 1952 y se especializó en la Escuela de Leyes de la Universidad de Stanford, en 1958.

El 15 de junio de 1972 el presidente Richard Nixon lo designó juez del Distrito Sur de Nueva York. Entre 1993 y 2000 se desempeñó como juez principal y al cumplir los 70 años de edad, pasó a ser un Senior Judge o Juez Superior, con lo que pasó a ser un magistrado en condiciones de jubilación parcial y con horario reducido de trabajo.

"Habiendo revisado cuidadosamente los escritos presentados por la Argentina, esta Corte encuentra que todas las condiciones precedentes han sido alcanzadas. Por eso, las medidas cautelares son levantadas en todos los casos", sostuvo Griesa al poner punto final a la guerra judicial que mantuvo con la Argentina por espacio de quince años.

Tras los canjes de deuda llevados a cabo en 2005 y 2010, los títulos en poder de los holdouts eran equivalentes a alrededor del 7% de 81.800 millones de dólares que habían entrado en default en el año 2001.

Tras el acuerdo cerrado en abril de 2016, a través del mediador Daniel Pollack que fue designado para ese fin por el juez Griesa, quedó menos de un 1% de ese total con derecho a seguir batallando ante las cortes hasta alcanzar un arreglo o bien plegarse al acuerdo que la Argentina ofreció a los holdouts, con los que cerró el entendimiento.

Griesa, al levantar las medidas cautelares que pesaban sobre la Argentina, reconoció la decisión del presidente Mauricio Macri -tras los encontronazos mantenidos durante la administración kirchnerista- de buscar una solución al tema de la deuda en situación de default.

Hace dos años, en 2015, con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, el juez Griesa percibió -a través de las señales en tal sentido enviadas por la nueva administración- la posibilidad de cerrar este tema que podría ser a la vez el punto final de su carrera.

Por entonces, Griesa ya padecía una sordera pronunciada, su voz era casi inaudible desde el estrado y su figura era cada vez más encorvada.

Sin precisiones en torno a su deceso, en el Ministerio de Finanzas se limitaron a confirmar que la noticia en torno a la muerte de Griesa les fue transmitida por el mediador Daniel Pollack.