Organizaciones de derechos humanos manifestaron su preocupación por la medida de la fiscal a cargo de la UFI 1 de La Plata, Ana Medina, de otorgarle el beneficio de la excarcelación a Leonardo Mendoza, de 25 años de edad que fue detenido y acusado por intentar asesinar a una activista travesti y presidenta de OTRANS Argentina, Claudia Vásquez Haro. Ahora, la decisión de convalidar o no el pedido de la fiscal, quedó en manos de juez de Garantías N° 3, Pablo Reale. 

Roberto Cipriano, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), anticipó que el próximo martes 26 de diciembre presentarán un escrito ante el Juzgado para pedir medidas de protección efectivas para la activista.

En los últimos años, Vásquez Haro presentó  varias denuncias contra las fuerzas de seguridad y también contra el accionar del poder judicial.  "Estamos muy preocupados por la situación y por las características que tiene el hecho. Claudia es una activista muy importante por los derechos humanos. Asumimos que se trata de una agresión que tiene que ver con su condición. Eso es lo que vamos a transmitirle al juez", dijo. 

"Desamparo a comunidad trans y travesti"

"El Poder Judicial otra vez deja al desamparo a los sectores populares y la comunidad trans y travesti. No sólo viven la exclusión de derechos básicos, sino también la violencia policial y judicial como en este caso", dijo Jorge Jaunarena, miembro y cofundador de la Asociación Miguel Bru. Se trata de una organización que lucha contra la violencia institucional, surgida a partir de la desaparición del joven estudiante de periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, asesinado en la Comisaría Novena, la misma que encabeza la lista de detenciones arbitrarias y requisas denigrantes a travestis y trans.

Federico Efron, coordinador de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) manifestó "es una acusación muy grave y en estos casos se tiene que escuchar a la víctima, considerando que es una defensora de derechos humanos". En ese sentido, se refirió a informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señalan que cuando está en riesgo la vida de un activista de derechos humanos se deben extremar las medidas de protección.

Una señal de impunidad a todo el colectivo

Desde la Convocatoria Federal Trans y Travestis, que nuclea a organizaciones de todo el país, activistas pidieron al juez que extreme las medidas de seguridad a Vásquez Haro. "La misma fiscal que debe pedir la condena, pone en peligro su integridad física, avalando que se libere al único imputado cuya autoridad material no está en duda", describieron en un escrito. "La puesta en libertad del imputado vulnera los derechos y garantías de Claudia, re victimizándola y mandando una señal de impunidad a todo el colectivo, que resulta denegatoria de Justicia".

La causa por la agresión a Vázquez Haro se caratuló como "tentativa de homicidio agravado por odio a la identidad de género y femicidio", artículo 80, inciso 4 y 11 del Código Penal y tiene pena de prisión perpetua. La fiscal pidió la excarcelación luego de una audiencia que se realizó el jueves pasado, donde la defensa de Leonardo Mendoza solicitó que el imputado espere el juicio en libertad.

"Una justicia machista y transfóbica"

Claudia Vásquez Haro expuso  "nos enfrentamos a una justicia profundamente machista y transfóbica, que no reconoce patrones de discriminación arraigados en la cultura y que reproduce claramente. Lxs fiscales y jueces no hablan desde una objetividad, sino que sus fallos están cargados de preconceptos y subjetividades. Miran el mundo con esas anteojeras".

El ataque a la activista

Vásquez Haro fue atacada la noche del sábado 13 de mayo de 2017. Ese mismo día denunció en la justicia que el agresor entró con una mochila a su casa del barrio La Loma de La Plata. Llevaba un cuchillo, botellas vacías y un palo de amasar. La licenciada Vásquez Haro contó que creyendo que se trataba de un robo, le dijo al agresor que se llevara todo. A lo que él le respondió "te voy a matar". Durante un forcejeo el agresor le pegó con una botella en la cabeza, pero la titular de OTRANS y de la Dirección de  Diversidad de la Facultad de Periodismo de la UNLP, logró abrir la puerta de la casa y salir. Fue atendida en el Hospital Gutiérrez por los cortes y golpes en su rostro y en el cuerpo.