Luego de que a las 14 comenzara a sonar la chicharra llamando a sesionar, Cambiemos sentó a su tropa y media hora después no había llegado a los 129 presentes. En ese momento se sentó el jefe del bloque del FpV, Agustín Rossi, y exigió que se suspendiera el encuentro. Lo mismo hizo Victoria Donda, de Libres del Sur, quien ingresó en bastones producto de que fue herida en los incidentes ocurridos ayer. Ambos remarcaron que fuera del Congreso se estaban produciendo enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, que incluso dejaron dos diputados heridos.

Pero todo estalló cuando el tablero marcó 129 legisladores durante 7 segundos y el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, declaró que iniciaba la sesión. La oposición se levantó en furia y tras varios minutos de tensión obligó a ceder al oficialismo y se suspendió la sesión.

El interbloque oficialista buscaba convertir en ley el proyecto de reforma previsional con el apoyo de algunos legisladores que responden a gobernadores provinciales, y en el marco de un tenso clima por la convocatoria a marchas y paro de centrales sindicales.

Tras haber conseguido el dictamen de comisión correspondiente, desde Cambiemos confiaban en reunir cerca de 130 votos para imponerse a quienes anticiparon su rechazo al texto del Poder Ejecutivo, unos 110 diputados. Pero finalmente no lo logró, al menos esta semana.

El proyecto de reforma previsional contiene algunos aspectos polémicos que motivaron severos cuestionamientos, en especial en lo que atañe al cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria.

De acuerdo al dictamen -que pese a las duras resistencias se mantiene idéntico al texto aprobado en el Senado-, el sistema para el cálculo de los haberes dejará de tomar en cuenta, como uno de sus componentes, a la recaudación del fisco, y será reemplazado por otra fórmula que contempla en un 70 por ciento la variación de precios al consumidor que elabora mes a mes el INDEC, y en un 30 por ciento la evolución salarial por índice RIPTE.

También prevé un adicional anual del 5% de la evolución del Producto Bruto, que en lo concreto no varía prácticamente la suma a cobrar por los jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

Es decir que si el PBI crece, por ejemplo, un 4%, el adicional que se pagará por única vez en el año sería de apenas el 0,2%.

Además, el ajuste de los haberes pasará a ser trimestral y no semestral como sucede con el método vigente.

Otro aspecto que despierta objeciones es el criterio que permitirá extender de manera optativa la vida laboral activa hasta los 70 años.

El problema que los detractores a la norma señalan es que la permanencia en el mercado de trabajo de adultos mayores traería aparejado un impacto negativo en lo que refiere a la inserción laboral del segmento juvenil.

Por otra parte, si el empleado decidiera seguir trabajando después de los 65 años, el empleador no estará obligado a realizar el aporte previsional.

Otro punto clave de la reforma es que aquellos trabajadores que se jubilen con 30 años de aportes activos tendrán una garantía del 82% sobre el salario mínimo, vital y móvil.

Quedarán afuera de ese beneficio aquellos que se jubilen por moratoria y a quienes no les corresponda el beneficio de la PBU (Prestación Básica Universal).