El procesamiento fue dictado por el juez federal Luis Rodríguez que, según fuentes judiciales, consideró que los ex funcionarios kirchneristas fueron responsables de cometer el delito de cohecho pasivo porque existió la promesa de pago de una coima de 1.000.000 de dólares.

El proyecto de Tren de Alta Velocidad, conocido como Tren Bala, fue anunciado en abril de 2006 y dos años más tarde adjudicado al consorcio de empresas Veloxia, encabezado por Alstom Argentina e integrado también por Alstom Transporte, Grupo Isolux Corsan (de España), Iecsa (cuando aún pertenecía al grupo Macri) y Emepa.

Uno de los elementos fundamentales contemplados por los investigadores fue un contrato de consultoría con la empresa Controles y Auditorías Especiales (Caesa), que pertenecía a Manuel Vázquez, identificado por la Justicia como testaferro de Jaime.

El contrato de consultoría se firmó en julio de 2008 y establecía un pago de 1.000.000 de dólares en calidad de honorarios: lo suscribieron Julián Vázquez, hijo de Manuel, y representantes de Alstom, según reconstruyeron fuentes judiciales.

El contrato entre el Estado y el consorcio Veloxia se firmó en abril de 2008. Se calculaba entonces un plazo de ejecución de 36 meses y un valor aproximado de la obra de 4.000 millones de dólares.

Al anunciarse el mega proyecto, en abril de 2006, se indicó que los trenes de alta velocidad partirían desde la estación porteña de Retiro, llegarían a Rosario en 85 minuto,s a una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora y, desde allí, hasta Córdoba se calculaban otros 90 minutos.

El contrato se suscribió durante la gestión de Jaime, por lo que, a lo largo de la investigación, Schiavi, que lo sucedió en el cargo, intentó demostrar que nada pudo tener que ver con la promesa del pago de una coima que no se llegó a ejecutar.

Para el juez Rodríguez las explicaciones de Schiavi fueron insuficientes, dado que durante su paso por la secretaría de Transporte no interrumpió el contrato, aunque finalmente tampoco llegó a ejecutarse.