También tiene previsto tratar la suspensión de los desalojos -por cuatro años- de las tierras que ocupan las comunidades indígenas.

Si bien hace 15 días la Cámara baja sesionó para votar el desafuero del ex ministro de Planificación, Julio de Vido, no debate leyes desde el 13 de septiembre cuando aprobó un proyecto sobre energías renovables consensuado en la comisión que dirigía -precisamente- el legislador también suspendido del bloque justicialista.

Con las detenciones de De Vido y del ex vicepresidente Amado Boudo como telón de fondo, el primer tramo de la sesión se caracterizará por un debate porque el kirchnerismo insistirá en denunciar la "falta de un estado de derecho" y eso probablemente generará cruces sobre el desempeño de los jueces en los últimos años.

El interbloque Cambiemos, que conduce el radical Mario Negri, prevé un comienzo polémico pero no una larga sesión. Porque en el caso de las penas para los empresarios corruptos -el proyecto de ley de responsabilidad empresaria-, quedará aceptar o rechazar las incorporaciones al proyecto realizadas por el Senado, previa firma el martes del despacho de comisión. En tanto, la prórroga a las suspensiones de los desalojos tiene amplio consenso.

La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos, adelantó que el martes a la tarde se emitirá dictamen favorable al proyecto para penalizar la corrupción empresaria porque "la intención es poder convertir en ley el proyecto con los cambios introducidos por el Senado en la sesión del miércoles".

Diputados avalará los cambios introducidos por el Senado, que eliminó el artículo que establecía la imprescriptibilidad de estos delitos, equiparándolos con los de lesa humanidad, y limitó las causales por las cuales podían ser investigados funcionarios y empresarios.

Estableció que se podrán investigar los delitos de cohecho (pago de coimas); tráfico de influencias nacional o transnacional; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; concusión (exacciones ilegales); enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; y falsificación de balances.

De esta manera, las empresas serán responsables por esos delitos cuando "hubieren sido realizados, directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio", y quedarán exentas "sólo si la persona humana que cometió el delito hubiere actuado en su exclusivo beneficio y sin generar provecho alguno" para la compañía.

La multa para la compañía se establece en dos a cinco veces la ganancia que logre a partir de su conducta delictiva. La pena se irá incrementando hacia la suspensión parcial o total de la actividad, que no podrá exceder los diez años; la suspensión para participar de concursos de servicios públicos, también por diez años; y la disolución de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito.

Habrá eximición de pena cuando concurran tres cuestiones: que espontáneamente la empresa haya denunciado un delito previsto en la ley como consecuencia de una actividad de detección interna; que se hubiera implementado un sistema de control adecuado, conocido como programa de integridad o "compliance"; y que se hubiera devuelto el beneficio indebido obtenido.

De esta manera, la Argentina cumplirá con un requisito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que pidió una norma que apunte al costado empresario de a corrupción. Hoy el Código Penal contempla penas solamente para personas físicas pero no para personas jurídicas, con lo cual una empresa involucrada en un hecho de corrupción puede seguir operando sin ninguna consecuencia.

En tanto, hasta este fin de semana el oficialismo creía tener asegurada la votación del dictamen que establece una nueva prórroga a la aplicación de la Ley de Tierras Indígenas, para impedir los desalojos de las comunidades aborígenes sometidas a procesos judiciales. También, se votaría un convenio sobre el ciberdelito.

La ley 26.160, sancionada en 2006, declara -en todo el territorio nacional y por cuatro años- la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades indígenas, cuya personería jurídica estuviese debidamente registrada ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas.

La aplicación de la ley ya fue suspendida dos veces: en 2009 y en 2013.