81 de cada 100 pesos recaudados en el año 2016 por el Gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal provinieron de impuestos a la actividad económica y el consumo, y solo 19 estuvieron relacionados con tributos patrimoniales. Estos números muestran una foto desalentadora y difícil de revertir en el corto plazo: Buenos Aires mantiene un sistema impositivo regresivo que viene profundizándose desde el año 2000 en la medida de las necesidades fiscales de los gobiernos.

Si se compara la recaudación bonaerense de los últimos 15 años, la brecha entre los tributos patrimoniales y aquellos que vinculados con la producción y el consumo se triplicó. La incidencia de los primeros -que gravan la propiedad de bienes inmuebles y automotores y su transmisión por herencia- se redujo a la mitad, mientras que los tributos sobre la actividad económica aumentaron más de 20 puntos porcentuales y su peso en el esquema tributario bonaerense superó el 80%.

Estos números aparecen como el marco de la discusión que comenzará el próximo martes en la Legislatura bonaerense en torno a la reforma tributaria que propone el Ejecutivo, y que consiste en una fuerte suba de los impuestos inmobiliarios y una reducción gradual en Ingresos Brutos y Sellos, por el momento limitada a las principales actividades productivas.

La intención del Gobierno bonaerense es imponer una mayor carga sobre los impuestos patrimoniales (los inmobiliarios aumentarán entre un 50 y un 75% y la Patente se actualizará, como todos los años, de acuerdo al valor de los vehículos) y bajar la presión sobre las actividades productivas más importantes, como la construcción, la industria Pyme y el agro.

El plan va en línea con uno de los postulados centrales del Gobierno nacional, que impulsa a las provincias, a través del Pacto Fiscal, a reducir el impuesto a los Ingresos Brutos. Sin embargo, la estructura económica bonaerense no puede por sí sola absorber el costo que implicaría revertir por completo el actual esquema. Un dato basta para demostrar esta aseveración: las modificaciones propuestas por el Ejecutivo bonaerense, que apenas sirven para empezar, le quitan a la Provincia 10 mil millones de pesos en recaudación. Esto significa que sin una revisión del sistema de repartos federal un cambio más profundo sería una quimera.

La estructura bonaerense

Un sistema impositivo es progresivo cuando a mayor ganancia o renta, mayor es el porcentaje de impuestos sobre la base. Por el contrario, en un sistema regresivo esta relación se invierte, y quienes más bienes o ganancias tienen pagan, en proporción con sus ingresos, un menor porcentaje de impuestos.

Siguiendo esa premisa, el sistema impositivo de la provincia de Buenos Aires es claramente regresivo: la incidencia de los impuestos patrimoniales sobre el total recaudado cayó a la mitad en 15 años, pasando de una relativa paridad en el 2000 (con una participación del 38,6%) a representar tan solo 19 de cada 100 pesos que ingresan a las arcas provinciales en concepto de recaudación impositiva, según los números de 2016.

Según lo expresado por el Gobierno provincial en los cálculos presupuestarios, se consideran impuestos sobre el patrimonio al Inmobiliario (en sus variantes edificado urbano, rural y baldío), Automotor, y la Transmisión Gratuita de Bienes. También se cuentan aquí los planes de regularización de deudas, en su mayoría destinada a morosos de los impuestos inmobiliario y automotor.

En tanto, se consideran impuestos sobre la producción, el consumo y transacciones a Ingresos Brutos, Sellos y los impuestos al consumo de electricidad y gas (también con afectaciones específicas), al igual que el Fondo Provincial de Energía.

Pese al relativo equilibrio que estos rubros mantuvieron durante los primeros años del siglo XXI (en 2002 la brecha fue de apenas 17 puntos, con 41 de cada 100 pesos correspondientes a impuestos patrimoniales), la diferencia entre ambos comenzó a ampliarse alcanzando en 2007, en la finalización del mandato de Felipe Solá, una relación del 75% de tributos al consumo y la producción contra un 25% de patrimoniales.

En el inicio del Gobierno de Daniel Scioli, en 2008, la participación de los patrimoniales perforó los 20 puntos, llegando a su piso histórico en 2014, cuando representó apenas el 17,1% del total recaudado, contra el 82,9% de los impuestos al consumo.

Reversión

Pese a este panorama, la curva del peso de los impuestos al consumo comenzó a decrecer a partir de 2015, durante el último año de gestión de Daniel Scioli, y la tendencia se profundizó en los primeros 20 meses de María Eugenia Vidal (los datos oficiales de recaudación llegan hasta agosto). Sin embargo, y si bien el año pasado hubo retoques menores en el tributo, la caída se explica principalmente por la retracción de la actividad económica que comenzó en 2015 y se profundizó hasta bien entrado este año.

Como sea, en 2015 la participación de los impuestos patrimoniales en la recaudación subió del 17,15 al 18,4% y saltó al 19% en 2016. En lo que va del año, en tanto, se ubicó en 22,36%, el mejor nivel de los últimos 10 años.

Ingresos Brutos, el más distorsivo

Donde más se nota la relación de disparidad es en el impuesto a los Ingresos Brutos, el gravamen que prácticamente sostiene el sistema impositivo bonaerense, ya que explica casi el 75% del total percibido por el Estado.

Si bien este tributo aparece segmentado según el tipo de actividad (va del 0,1 al 12%) en todas sus variantes está atado a la actividad económica y a la facturación de los contribuyentes. Otra particularidad negativa de este impuesto es que grava cada etapa productiva, lo que provoca una distorsión en los precios finales de los bienes. Es decir que un producto cualquiera comprado en un supermercado paga el impuesto en cada una de sus etapas (extracción, elaboración, empaque, transporte y comercialización), lo que genera varias "capas" que se van trasladando hasta llegar al consumidor, quien termina absorbiendo todo el costo fiscal. (DIB)