Diputados de la oposición presentaron un proyecto que busca garantizar el derecho a la participación popular en la vida pública, el derecho a organizarse en sus distintas formas, así como a la protesta social, a fin de evitar su criminalización y que propone, entre otras cuestiones, la extinción de la pena o sanciones disciplinarias para personas imputadas por participar en marchas de reivindicación de derechos.

La iniciativa propone la extinción de la pena para imputados por participar de manifestaciones y marchas de derechos humanos o derechos de los pueblos originarios, estudiantil o cuestiones de género o identidad sexual, a quiénes se les impute una figura penal "cualquiera sea el bien jurídico lesionado y el modo de comisión".

El proyecto propone que se extingan también las consecuencias penales y las sanciones no penales, ya sean disciplinarias, administrativas o contravencionales, a la vez que establece que "nadie podrá ser interrogado, investigado o citado a comparecer por imputaciones o sospechas de haber participado" en protestas sociales o marchas de reivindicación de derechos.