El juez federal Sebastián Casanello proceso al detenido Lázaro Báez, y otras 26 personas, entre las que se encuentran sus hijos, por integrar una banda que lavó dinero entre los años 2010 y 2013, y vinculó los fondos a los contratos de obra pública que recibió el empresario. 

El magistrado readecuó los procesamientos que ya había dictado sobre Báez y los otros miembros de la "banda", tal como le había sugerido la Cámara Federal porteña cuando le exigió que vinculara las maniobras de lavado con el dinero que recibió Báez durante el kirchnerismo. 

"Lázaro Báez y sus hijos Martín, Leandro, Luciana y Melina aportaron al hecho delictivo mediante la aplicación de una enorme cantidad de fondos de origen ilícito, realizando la gestiones necesarias para que confluyan en el mercado formal como provenientes de fuentes lícitas", sostuvo Casanello en su fallo de 751 páginas y  le amplió el embargo a Báez hasta cubrir el monto de 10.500 millones de pesos.. 

En la causa Casanello investigó dos docenas de hechos de lavado, que habría permitido a los imputados canalizar 60 millones de dólares a través de un entramado societario offshore, con cuentas bancarias en Suiza, por las que se habrían canalizado unos 60 millones de dólares entre 2010 y 2013 y a los hijos de Báez los identificó, además, como los beneficiarios de un entramado societario .

Los otros imputados, además de Báez, son: Jorge Oscar Chueco, Daniel Rodolfo Pérez Gadín, Martín Báez, Fabián Virgilio Rossi, Carlos Molinari (fue sobreseido parcialmente), Federico Elaskar (sobreseído parcialmente), Leonardo Fariña (sobreseídos parcialmente), César Gustavo Fernández, Leandro Báez, Melinda Báez, Luciana Báez, Roberto Erusalimsky, Santiago Carradori, Daniel Bryn, Alejandro Ons Costa, Martín Rosta, Eduardo Castro, Jorge Cerrota, Juan Ignacio Pisano Costa, Sebastián Ariel Pérez Gadín, Julio Mendoza, Claudio Bustos, Eduardo César Larrea, Walter Zanzot, Mario Acevedo Fernández, Christian Delli Quadri.

En la resolución, Casanello dio cuenta de cómo durante los últimos meses del año 2010, Báez -hoy detenido en el penal de Ezeiza- inició un esquema de lavado de activos de dinero ilícito, a través del "valijero" Leonardo Fariña, usando a su vez financieras del microcentro porteño.

En enero de 2011, Fariña, con dinero de Báez, adquirió a Federico Elaskar la financiera SGI Argentina, con oficinas en Puerto Madero. Desde allí dirigían las operaciones de lavado de la banda y gestionaron la formación de una estructura jurídica y bancaria fuera de la Argentina para albergar el dinero.

Según pudo determinar el juez, este dinero era resguardado mediante un entramado societario y bancario en varios países, como Suiza, Panamá, Belice, Uruguay, España, y los Estados Unidos.  Luego, a través de una maniobra fraudulenta, Baéz reingresaba al país una parte, con el auxilio de la sociedad suiza Helvetic Services Group, mediante la compra en el extranjero de bonos de la deuda pública argentina.