La Defensoría Pública del Tribunal de Casación Penal y organismos de Derechos  Humanos denunciaron la existencia de condiciones de hacinamiento  e infrahumanas de  vida en cárceles bonaerenses, durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en Perú. El Estado nacional acompañó e los funcionarios del Gobierno bonaerense que reconocieron la situación y también defendieron la actual gestión de Vidal en la materia.

Según la denuncia realizada este viernes, la Provincia de Buenos Aires tiene 3.010 detenidos alojados en 432 comisarías, pero sólo 1.039 de esos presos tienen camastros para pasar la noche.

En el encuentro fue realizado a pedido de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría Pública del Tribunal de Casación Penal, quienes expusieron la situación del sistema de encierro bonaerense y reclamaron a los Estados provincial y nacional que "tomen medidas para disminuir el hacinamiento, la sobrepoblación, las condiciones inhumanas, la falta de acceso a la salud y los malos tratos y torturas".

A través de un comunicado, la CPM precisó que "en la Provincia de Buenos Aires hay alrededor de 40 mil personas privadas de libertad y el nivel de sobrepoblación llega al 100% si se toman los detenidos en comisarías, ya que en las 432 dependencias policiales hay 3.010 detenidos de los cuales sólo 1.039 tienen camastro".

Además, precisaron que 250 comisarías -alrededor del 70% del total- tienen algún tipo de inhabilitación por orden de la Justicia o por decisión ministerial. "No obstante, 1.798 personas se alojan en dichos lugares", se denunció.

El informe, elaborado en base de registros producidos a partir de inspecciones periódicas en cárceles y comisarías y denuncias de personas detenidas y familiares, se centró en las cuestiones de hacinamiento y sobrepoblación, el régimen de vida y el estado de las instalaciones, las deficiencias en el acceso a la salud y las requisas vejatorias que afectan el contacto de los detenidos con sus familias, en instituciones atravesadas por la corrupción.

"A la sobrepoblación y el hacinamiento, se suman otras graves violaciones de los derechos humanos. Las denuncias por falta de acceso a la salud, las condiciones estructurales que producen padecimientos como hambre, frío, aislamiento y alimentación deficiente, forman parte de las denuncias habituales de las personas privadas de libertad", aseguró la CPM.

Por todo esto, los tres organismos solicitaron a la CIDH que el Estado provincial tome las medidas necesarias para revertir la situación y reclamaron que se implemente en forma urgente un plan para hacer cesar el uso de las comisarías como lugares de detención prolongada y resuelva los niveles de hacinamiento actuales; promueva políticas efectivas de prevención de la tortura; prohíba expresamente el alojamiento en comisarías y evite regresiones.

En la audiencia, también expusieron funcionarios del Gobierno provincial que estuvieron acompañados por funcionarios del Gobierno nacional entre ellos Javier Salgado, director de contencioso internacional de la Cancillería y fue Fernando Manzanárez, asesor del ministro de Justicia bonaerense quien llevó adelante la palabra; quien resaltó "el dialogo que han venido manteniendo en este año y medio de gestión con las organizaciones de la sociedad civil" y también reconoció la "situación en las cárceles y comisarías" y explicó "logros" de la actual gestión entre ellos la posibilidad que los organismos de DDHH entren a las cárceles y comisarías, que ha declarado la "emergencia" en el Servicio Penitenciario y que "un civil este a cargo del Servicio Penitenciario". "Esta es una intervención verdadera", enfatizó, en funcionario ya que toda la política de recursos humanos de la fuerza en manejada por el poder político.

En su momento, durante su alocución el defensor de Casación, Mario Coriolano hizo hincapié en la "falta de un plan", indicó que hay "una voluntad" del actual Gobierno provincial que anuncia algo muy diferente a a la "gestión anterior" que "no tenía una perspectiva de DDHH" entre ellos "nuevos planes" pero la voluntad política muestra que hay una "gestión fragmentada" en el interior del propio Poder Ejecutivo. Hay un enfoque de DDHH con "buenas medidas" desde la Secretaría de DDHH y desde Asuntos Internos; pero desde el interior los ministerios de Seguridad y de Justicia hay una gestión fragmentada que "neutralizan" las buenas medidas. 

Tras la revisión del informe, la comisionada Margarette May Macaulay remarcó que las condiciones de detención son "inhumanas" y que la solución debe incluir la "sanción de leyes que no impacten en más hacinamiento".