El suspendido fiscal general de San Isidro, Julio Novo, procesado por el supuesto encubrimiento de crímenes narco, renunció este jueves a su cargo tras presentar una carta al Procurador bonaerense, Julio Conte Grand.

La dimisión, que será aceptada en las próximas horas por la gobernadora María Eugenia Vidal pese a las resistencias de Elisa Carrió, pone punto final a un entramado que involucra a figuras de la política y del ámbito judicial, pero tendrá continuidad por la vía penal, ya que Novo se encuentra procesado por el delito de "encubrimiento agravado" de una serie de crímenes vinculados al narcotráfico.

El fiscal, de fluida relación con los principales intendentes del norte del Conurbano antes de su caída en desgracia, estaba cercado por varias denuncias de mal desempeño (entre ellas por su papel en la investigación del crimen de Candela Rodríguez), aunque la principal estaba relacionada con su accionar en la investigación del doble crimen de dos colombianos en el shopping Unicenter, un hecho relacionado con el narcotráfico.

Por esa causa Novo se encuentra procesado, mientras que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados lo suspendió de sus funciones luego de iniciar el proceso de Jury a fines de 2015. Ese procedimiento ya se encontraba en su etapa final e iba a derivar en la casi segura destitución del funcionario.

Pese a ello, fuentes del Ejecutivo confiaron a DIB que la gobernadora Vidal aceptaría la dimisión ante la posibilidad de que el proceso de destitución se extienda más allá de un plazo razonable. La decisión choca contra los deseos de la Coalición Cívica, que quiere llevar el proceso hasta el final para evitar que Novo acceda a los beneficios propios del retiro, como la jubilación.

En declaraciones a esta agencia, el senador "lilito" Andrés De Leo dijo que "sería mejor que se acelere el juicio político y que se termine con la destitución", pero reconoció que "estos procesos tienen mucha demora y en la mayoría de los casos se acepta para hacer más rápidas las cosas". 

Por su parte, el abogado de Elisa Carrió, Juan Manuel López, adelantó que mañana se pedirá la detención de Novo porque hay peligro de que se fugue en el marco de la causa por presunto encubrimiento de crímenes de narcotraficantes colombianos. "Hay un riesgo importante de fuga y los montos de la pena que se esperan son de cumplimiento efectivo con lo cual la prisión preventiva es perfectamente viable en este caso. Por eso Carrió va a pedir que la jueza dicte la prisión preventiva", afirmó López.

Trama política

En torno a la figura de Novo se había desatado una intensa guerra política entre Elisa Carrió y Sergio Massa. La diputada de Cambiemos, que hoy festejó la renuncia del fiscal con una serie de tuits, insiste en que hay una "sociedad" entre el funcionario judicial y el exintendente de Tigre.

La líder de la CC denunció que Novo "durmió" la causa por el robo a la casa de Massa, perpetrado por prefecto Alcides Díaz Gorgonio en julio de 2013, en las vísperas de las elecciones legislativas en las que le ganaría la provincia al kirchnerismo. Además, aseguró que hubo irregularidades en el allanamiento a la casa del acusado, que el fiscal Claudio Scapolán (bajo el mando de Novo) desestimó.

Quien sí avanzó en esa línea fue otro funcionario del Ministerio Público, Washington Palacios, quien ubicó en el procedimiento a un funcionario del municipio de Tigre y desplegó sus sospechas de que el robo fue por más dinero que el denunciado.

Palacios fue suspendido de su cargo en diciembre pasado en el marco de un  Jury promovido por el massismo, quien lo acusa de encubrir a Díaz Gorgonio y por "armar" la causa del allanamiento. Siguiendo con la guerra judicial, a las pocas horas Carrió se presentó en las oficinas del Jurado de Enjuiciamiento para unificar sus denuncias contra Scapolán, quien además fue uno de los promotores del Jury a Palacios.

Trama narco

El fiscal Novo quedó en el centro de la escena cuando la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, lo procesó junto con sus adjuntos Eduardo Vaiani y Rodrigo Caro y las secretarias Melisa Rey y Mariana Busse por supuestamente haber entorpecido una investigación en una operación trasnacional de tráfico de drogas.

Para la magistrada, ellos ayudaron a los autores e instigadores de los homicidios de los colombianos Héctor Edilson Duque Ceballos, alias "Monoteto", y Jorge Quintero Gartner, ocurridos en julio de 2008 en una de las playas de estacionamiento del Unicenter, y del de Juan Sebastián Galvis Ramírez, ejecutado frente a un negocio de venta de jet skies en San Fernando, en febrero de 2009, a "eludir las investigaciones penales y a ocultar el complejo entramado de crimen organizado vinculado al tráfico nacional e internacional de estupefacientes que subyace a los asesinatos".

"El eje central gira en torno a la fundada sospecha de que Gustavo Juliá (condenado en Barcelona a 13 años de prisión por el tráfico de una tonelada de cocaína oculta en un lujoso jet) y Gustavo Luaces, socios en la firma Federal Aviation, habrían tomado parte, de algún modo, en el doble homicidio ocurrido en Unicenter, y que en caso de que los fiscales provinciales Diego Grau y Luis Angelini (dependientes de la Fiscalía General de San Isidro) avanzaran sobre tal hipótesis y ahondaran la investigación en torno a los nombrados probablemente habrían salido a la luz inconsistencias que podrían resultar indicativas de las actividades delictivas a los que ellos se encontraban vinculados", rezaba el fallo, según informó Agencia "DIB".