El proyecto de creación de "centros de protección a las víctimas de delitos", los cuales deberán permanecer abiertos las 24 horas y otorgar asesoramiento en forma inmediata tanto legal como psicológico, que tenía media sanción del Senado nacional fue aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación.

Por unanimidad, con 219 votos afirmativos, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el proyecto que crea un Régimen de Protección a las Víctimas de Delitos. La norma había sido aprobada el año pasado, pero recién el pasado 31 de mayo fue aprobada en el Senado, donde se le incorporaron modificaciones.

La sanción fue celebrada en el recinto por víctimas de delitos y familiares, quienes a través del colectivo "Para que no te pase" apoyaron la ley, impulsada por el Frente Renovador. La norma tiene como eje central garantizar el patrocinio jurídico gratuito y darles a las víctimas una mayor participación en el proceso judicial.

La sesión especial convocada por el oficialismo a tres días del cierre de listas de candidatos para las elecciones legislativas se convirtió así en un hecho inusual, en medio de una semana marcada por las negociaciones de último momento y la definición electoral de los distintos partidos.

Después de que los referentes de 1País, Sergio Massa y Margarita Stolbizer, citaran a una sesión para este jueves, para tratar no sólo este proyecto sino diferentes iniciativas, Cambiemos salió a convocar la reunión un día antes con la ley de víctimas como único tema.

El debate

En el arranque del debate, la radical Gabriela Burgos sostuvo que "ponderar a las víctimas en el proceso judicial es una deuda que se tenía desde años" y destacó que el año pasado, cuando la norma recibió la media sanción en Diputados, "hubo voluntad política para cambiar ese paradigma" y posicionar a las víctimas en "un lugar óptimo". "Otorga un gran cúmulo de derechos que les permiten participar de manera activa y directa", agregó.

La presidenta de la Comisión de Legislación Penal detalló los lineamientos centrales de la norma, entre los que mencionó que se distingue una "especial atención" a quienes hayan sufrido delitos por parte de "asociaciones ilícitas, por delitos contra la integridad sexual, aquellas que han sufrido un daño contra su vida, y las mujeres víctimas de delitos por violencia de género". Este grupo tendrá que tener un "tratamiento inmediato y especializado".

Por su parte, el mendocino Luis Petri aseguró que con esta ley "estamos buscando terminar con el calvario de las víctimas" y "cambiar la imagen" de la justicia en la actualidad. El radical, quien trabajó en profundidad la ley junto a la diputada Mónica Litza (FR), también ponderó las modificaciones realizadas a la norma en el Senado y dijo que la Cámara alta "la mejoró".

De los diputados kirchneristas que compartieron tiempo para expresarse en torno a la ley, la rionegrina María Emilia Soria fue la que llevó la discusión al terreno político y la emprendió contra el Gobierno Nacional. Tras expresar su satisfacción por el tratamiento de este tema, acusó a la administración macrista de que "a un año y medio de asumir no ha tomado nota" de la situación que genera la inseguridad.

Sostuvo que "no se cumple diagnosticando los males de una sociedad", y le reprochó al Gobierno no haber enviado al Congreso "un plan para prevenir el delito, en los 559 días que llevan" en el poder. "Son 559 oportunidades para haberlo hecho", dijo y luego despectivamente se preguntó si "estos tipos realmente no saben lo que están haciendo; juegan con sus pruebas y errores". Soria acusó al Gobierno de reducir fondos estatales y afirmó que el plan del kirchnerismo para enfrentar la seguridad es "fortalecer a los sectores más vulnerables, más inclusión, más y mejor educación, salud pública". Admitió que "sin dudas las víctimas merecen un papel importante en el proceso penal", pero en el actual contexto afirmó que "resolver el problema de la seguridad no es más que una utopía". Al final, le pidió al presidente Mauricio Macri "que se ponga de una buena vez el overol" para solucionar el tema de la inseguridad.

A su turno, Héctor Recalde pidió "la vigencia de la modificación del Código Procesal Penal que nosotros votamos, que va en la misma direccionalidad" que la norma en tratamiento, y expresó su compromiso para que todas las provincias incluyan esta ley en sus respectivos códigos procesales. Por su parte, Diana Conti recordó la reforma del Código Penal dispuesta durante la época kirchnerista, sostuvo que con el mismo "ya a las víctimas del delito le iban a corresponder medidas de importancia" y advirtió que el mismo fue "frenado "porque los jueces penales sienten que pierden fuerza cuando no sienten que son los dueños de decir qué va y que no".

Desde el Frente Renovador, la legisladora Mónica Litza resaltó que "afortunadamente en este tema no hay grieta. Estamos todos de acuerdo que era inexorable y necesario que la Argentina tenga una ley que pusiera equilibrio en la balanza desequilibrada". En su discurso, subrayó que en el país "uno de cada tres argentinos es víctima de delitos y ni hablar si vivimos en el Conurbano".

La jefa de la bancada massista, Graciela Camaño, autora de la ley junto a Sergio Massa, señaló que "estamos marcando un nuevo paradigma en el derecho penal". Manifestó que "la evolución del derecho penal ha tenido distintas teorías, y que la que vamos a dejar atrás consideraba al que comete el delito como la víctima, y que había que resocializarlo". Eso vino de alguna manera, dijo, "a expropiarle los derechos a las víctimas del delito".

La diputada afirmó que "venimos a cambiar el rumbo de esas teorías que no solamente la tenían a las víctimas a fuera del proceso, sino que además un Estado ineficiente las volvía a revictimizar". Llamó también a las provincias a reformar sus códigos procesales para adaptar esta norma. "Este proyecto es la mejor campaña política que podemos hacer todos aquellos que estamos acá sentados", expresó Camaño, celebrando estar "tratando los temas que quiere la gente".

La líder del GEN Margarita Stolbizer destacó la presencia de organizaciones, familiares y víctimas de delitos, quienes "lograron los consensos mucho antes que nosotros". Por otra parte, consideró que "en Argentina la corrupción ha dejado muchas víctimas en el camino". "El deber principal de nuestra parte es poner al Estado como centro de debate", añadió.

En el cierre, el jefe del interbloque de Cambiemos Mario Negri dijo: "Por un lado estamos satisfechos pero por el otro tenemos plena conciencia que no estamos resolviendo hoy las causas del delito". "No estamos sancionando ni nuevas penas, ni estamos discutiendo agravamientos, pero eso no es menos importante que darle una respuesta a las víctimas sin demagogia y sin revolver en el dolor de la muerte, al vacío legal que tenían".

La ley de víctimas

El proyecto surgió de la marcha realizada en octubre bajo la consigna "Para que no te pase", que juntó a víctimas de sucesos emblemáticos, como Carolina Píparo -baleada en una salidera bancaria- y María Luján Rey -madre de Lucas Menghini, uno de los pasajeros que fallecieron en la tragedia de Once-.

Una de las principales novedades es que se le otorga a las víctimas de delitos el derecho a asistir a las declaraciones de los testigos -con facultad para hacer preguntas y pedir aclaraciones a través de su patrocinante o fiscal interviniente- y a recibir asesoramiento y asistencia tanto en el proceso como durante la ejecución de la pena.

También habilita a la víctima a constituirse como querellante, y se crean centros de Asistencia y Protección abiertos las 24 horas, que en esos casos deberían hacerse cargo del patrocinio legal gratuito hasta la culminación del proceso y el agotamiento de la pena.

A su vez, la autoridad interviniente quedaría obligada a notificar a las víctimas sobre todas las resoluciones tomadas durante el proceso, y a su vez quienes hayan sufrido el hecho delictivo podrían pedir la revisión de esas actuaciones.

El proyecto además dispone protección especial a discapacitados, menores de edad y mayores de 70 años, y también a las personas que tengan una relación de convivencia, dependencia económica, afectiva o laboral con el supuesto autor del delito.

Dentro de las modificaciones acordadas, se incorporó a la norma la figura de un defensor público de la víctima, que tendrá que ser designado uno por cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, se dispondrá una red de letrados de la Defensoría General de la Nación que actuarán como defensores coadyuvantes, según informó "Parlamentario".