La causa por supuesto encubrimiento a terroristas iraníes involucrados en el atentado a la AMIA contra la ex presidenta, Cristina Fernández, impulsada por el fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto de un tiro en su departamento días antes de presentar las pruebas en el Congreso, quedó a cargo del juez federal Claudio Bonadío.

Esto se dio a instancias de un pedido del propio magistrado, para sumar el expediente a la causa que investiga a Cristina por presunta traición a la patria por el acuerdo con Irán.

La decisión se da luego de que el juez federal Ariel Lijo rechazara a mediados de este mes  apartarse de la causa contra la expresidenta Kirchner y el excanciller Héctor Timerman, entre otros, y enviarla al juzgado de Bonadio, quien venía reclamando anexar la acusación de encubrimiento contra CFK a la de traición a la patria por el Memorándum de Entendimiento con Irán, por el cual el gobierno anterior levantó las alertas rojas contra ex funcionarios iraníes a cambio de poder tomarles declaración en su país sobre su responsabilidad en el atentado.

La posible unificación de ambas causas contra la ex presidenta es un giro significativo, si se tiene en cuenta que hasta no hace mucho  el juez federal Daniel Rafecas había desestimado la acusación dos veces, por considerar que no había existido delito en la firma del pacto con Irán.

En otro orden, un total de 34 personas, entre exdiplomáticos argentinos en países como Siria, Irán y Suiza así como exfuncionarios de la Cancillería, comenzarán a declarar desde este jueves como testigos en la causa que se investiga a la expresidenta por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.

Por otra parte, el juez Lijo emitió órdenes de presentación en la Casa de Gobierno, la Cancillería y la Procuración del Tesoro de la Nación a fin de obtener copias de los correos electrónicos emitidos por cuentas oficiales y de mensajería de la expresidenta Kirchner, y complementariamente pidió a la dirección de escuchas judiciales dependiente de la Corte Suprema de Justicia un informe del entrecruzamiento de llamados telefónicos de todos los imputados.