La Cámara de Apelaciones y Control de Jujuy rechazó distintos recursos de apelación interpuestos en la causa por Asociación Ilícita, Fraude a la Administración Pública y Extorsión que involucra a la detenida dirigente social Milagro Sala y otras 31 personas, entre ellos ex funcionarios y cooperativistas, en la que se investiga el cobro de fondos para la construcción de viviendas sociales que no fueron ejecutadas, según denunció el gobierno provincial.

La decisión judicial fue adoptada el pasado martes 9 de mayo del corriente año, por los jueces Carlos Emilio Cattan -habilitado-, Néstor Hugo Paoloni y Gloria María Mercedes Portal de Albisetti, bajo la presidencia del nombrado en primer término, según indicaron desde el departamento de prensa del Poder Judicial.

Al respecto, el fiscal de la Cámara de Apelaciones y Control, Miguel Ángel Lemir, solicitó que se rechacen los recursos tentados por "carecer de sustento fáctico, probatorio y jurídico", considerando que "los planteos de los recurrentes resultan infundados y desvirtuados", marco en el que concluyó que "existe merito suficiente para acusar y elevar la causa a juicio".

Con la negativa ante los recursos, interpuestos por tres de los defensores, entre ellos la abogada de Sala, Paula Álvarez Carrera, la Cámara de Apelaciones y Control confirmó la resolución dictada por el Juez de Control Nº 3, Gastón Mercau -habilitado-, en fecha 13 de febrero del corriente año, por la cual el magistrado hizo lugar a la elevación a juicio de los mencionados expedientes, aunque la sentencia podrá ser recurrida en instancia superior.

Cabe recordar, que la causa en cuestión es la conocida como "Pibes Villeros", impulsada por el gobierno jujeño, que denunció una defraudación que llega a unos 60 millones de pesos, de los cuales 29 millones fueron cobrados por las cooperativas para obras del plan de vivienda "Vivir Mejor II", que según la Fiscalía no fueron ejecutados.

Milagro Sala está detenida desde el 16 de enero de 2016 e imputada -además- como "jefa de la asociación ilícita" junto con 31 personas, entre las cuales se encuentran cooperativistas de la agrupación Túpac Amaru, ex funcionarios provinciales y municipales que debían controlar las construcciones a cargo de la agrupación, con financiamiento del Estado nacional.

La investigación incluye el video que registró a miembros de la Túpac Amaru retirando 14 millones de pesos del Banco Nación en Jujuy en diciembre de 2015, a lo que se suma la pesquisa sobre el manejo de fondos públicos por parte de cooperativistas de la ciudad de Palpalá y la dirigente jujeña también encarcelada Graciela López.

Sala viene de ser condenada, en diciembre pasado, a tres años de prisión en suspenso por el delito de "daños agravados" a raíz de un escrache realizado en 2009 contra el entonces senador radical y actual gobernador de la provincia, Gerardo Morales, fallo que se encuentra con pedido de revocación por parte del fiscal Javier De Luca ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Sobre ella pesan otros causas, entre ellas por amenazas a otra interna del penal donde se encuentra alojada, por la cual este último jueves se presentó a indagatoria.

También mantiene -desde el 24 de febrero último- otras tres causas por "inducción a cometer delitos de amenazas agravadas", dos de las cuales se encuentran por parte de la fiscalía interviniente con pedido de sobreseimiento por falta de prueba.