El diputado por Cambiemos y Secretario general de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, se pronunció categóricamente en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Muiña, que permite acceder a los beneficios de la derogada Ley de 2x1 a condenados por Delitos de Lesa Humanidad.

Abad, que desarrolló toda su trayectoria política en el radicalismo recordó el coraje del ex presidente Alfonsín que inició el camino en materia de derechos humanos luego de la última dictadura: "Este fallo es un fuerte retroceso en el camino iniciado por nuestro país en la materia de derechos humanos, desde el histórico juicio a los comandantes, celebrado en 1985 e impulsado por el entonces Presidente Raúl Alfonsín", dijo Abad. "El espíritu que impulsó a Alfonsín en aquel momento, y también al derogar Decreto Ley de Autoamnistía que había dictado la Dictadura Militar fue, por un lado el de no consolidar la impunidad para los responsables del genocidio; y por el otro, no beneficiar en materia penal a los autores de delitos de lesa humanidad."

 

Abad puntualizó su desacuerdo, tanto desde el punto de vista político, como jurídico, al afirmar que: "Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y los acusados y condenados por este tipo de delitos no pueden beneficiarse por institutos tales como el indulto, la conmutación de penas o la amnistía, cosas en las que nuestro máximo Tribunal ya ha se ha pronunciado, declarando inconstitucionales no sólo los indultos sino las Leyes de Obediencia debida y punto final, fundados en que ésos institutos son inaplicables a los delitos de lesa humanidad. Por esto es que considero inadmisible la aplicación de la Ley Penal más benigna a los condenados por delitos de Lesa Humanidad, porque toda la orientación legal, jurisprudencial y doctrinaria está orientada a excluir cualquier tipo de beneficios a los que cometieron éstos delitos amparados por la propia estructura del Estado".

 

Finalmente, el legislador concluyó que "en honor a la historia, y al camino ya recorrido por nuestro país en la materia, no podemos menos que cuestionar la resolución mayoritaria de nuestro Superior Tribunal y ratificar que el criterio que sostenemos es la condena y el cumplimiento íntegro de las sentencias de todos aquellos responsables que sumergieron al país y a sus habitantes en la etapa más oscura de nuestra Nación".