La Cámara de Diputados avanzará la semana próxima en el dictamen de un proyecto para reformar la ley de fueros, que busca facilitar el accionar de la Justicia cuando disponga allanamientos a propiedades de legisladores nacionales, tras un acuerdo entre el oficialismo y el massismo, lo cual le permitiría aprobar con amplio consenso el proyecto en el recinto.

La iniciativa unificada recibiría dictamen el miércoles próximo en una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Pablo Tonelli (PRO), con el apoyo de la mayoría de los bloques opositores.

Luego de varias postergaciones, el oficialismo y los principales bloques opositores -excepto el FPV-PJ que está en contra- lograron acordar un dictamen unificado en base a las propuestas impulsadas por Cambiemos y el Frente Renovador, para quitar la prerrogativa que tienen los parlamentarios, por el cual un juez deba pedir primero el desafuero cuando tenga que allanar un domicilio, como sucedió en la causa donde está investigado el ex ministro Julio de Vido.

El oficialismo necesita el acuerdo de otros bloques parlamentarios porque no tiene mayoría y para eso se lograron compatibilizar los proyectos presentados por el presidente del bloque del PRO, Nicolás Massot, y de la massista Graciela Camaño.

"Desde Cambiemos éramos partidarios de eliminar ese párrafo de los allanamientos para que los legisladores sean como cualquier ciudadano, pero no logramos consenso con la gente del Frente Renovador y el bloque Justicialista, llegamos a un dictamen consensuado con una solución intermedia: en lugar de solicitar la autorización de la Cámara, bastará con que el juez informe al presidente del cuerpo", admitió Tonelli.

Según el texto, y ante el supuesto de un pedido de allanamiento, la comunicación se realizará al sólo efecto de que el presidente de la cámara respectiva "tome conocimiento de la medida ordenada" y no como establecía la ley de fueros, que requería autorización de la cámara respectiva para hacer efectivo el accionar de la justicia.

La iniciativa establece además que el presidente de la respectiva cámara debe designar a un legislador de la misma cámara, perteneciente a un bloque diferente del legislador afectado por la decisión judicial, para que se haga presente durante el allanamiento aunque, aclara, que ambos "deberán guardar reserva de las medidas hasta tanto se hagan efectivas".

Entre otras cuestiones, el dictamen obliga al juez -en caso de sentencia condenatoria o verificada su inasistencia a la indagatoria- a pedir el desafuero del legislador a la cámara respectiva dentro de las 48 horas y establece que esa solicitud deberá ser girada dentro de las 24 horas a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara correspondiente.

Si bien el tema de los fueros fue históricamente debatido en el Congreso, la cuestión se reavivó este año luego de que, en mayo, el juez federal Luis Rodríguez debió suspender el allanamiento a un domicilio de De Vido en una causa donde lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito, luego de que la defensa del ex funcionario le advirtiera que poseía fueros por su condición de diputado nacional.

La situación motivó que el propio Tonelli presentara un proyecto para autorizar, explícita y concretamente, al juez Rodríguez para "allanar el domicilio del ex ministro de Planificación en esa causa puntual", que se votó en el recinto en la última semana de junio tras un fuerte debate que terminó con Cambiemos, el Frente Renovador y otros aliados de la oposición imponiéndose con 137 votos a los 49 del Frente para la Victoria y a la abstención del propio De Vido.

En su artículo 69, la Constitución establece que los funcionarios sólo pueden ser detenidos en caso de ser sorprendidos in fraganti en un delito, pero en el 2000 (luego del escándalo por el pago de sobornos en el Senado para aprobar la reforma laboral) se sancionó la Ley de Fueros 25.320 que prohíbe los allanamientos a los domicilios de los diputados o senadores "sin la autorización expresa de cada cámara parlamentaria".

Antes de su sanción, el ex juez Carlos Liporaci había pedido el desafuero de 11 senadores (entre ellos Augusto Alasino, José Genoud, Emilio Cantarero y Ramón "Palito" Ortega) para seguir avanzando en la investigación del pago de sobornos y, en un intento por poner claridad al alcance de los fueros, los legisladores votaron la norma, que si bien pone límites a los allanamientos, avala la conclusión total de los procesos judiciales contra los funcionarios (incluso la condena).

Hasta entonces los jueces evitaban dictar procesamientos contra funcionarios o legisladores con el pretexto de que debían contar primero con el desafuero o expulsión de las cámaras.