De acuerdo con lo previsto, hoy a las 10 será el turno en el que Luciana Báez deberá concurrir al cuarto piso de los Tribunales Federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, mientras que el miércoles deberá hacer lo propio su hermana Melina, y, el jueves, Martín, el más complicado de los cuatro hermanos, dado que sobre él ya pesan dos procesamientos en su contra por lavado de dinero, ambos sin prisión preventiva.

Se trata de la ronda de indagatorias por la que el viernes último declaró Leandro, el menor de los hijos varones del detenido empresario santacruceño Lázaro Báez, quien, al declarar por escrito, hizo recaer sobre su padre la responsabilidad por lo que ocurría en sus empresas al afirmar que las decisiones que tomaba eran "inconsultas", propias de su estilo "personalista".

De esta forma, en su indagatoria, en la que se negó a responder preguntas y se limitó a presentar un escrito, Leandro Báez rechazó los cargos en su contra por presunto lavado de dinero y evasión fiscal, y apuntó contra su padre.

"Las decisiones en el grupo empresario fueron tomadas por Lázaro Báez en forma inconsulta y, por su estilo personalista, sin mediar diálogo alguno", sostuvo Leandro en el escrito, en sintonía con lo que había sostenido en su primera indagatoria en la causa, el año pasado.

La presencia de Leandro Báez el viernes último en los Tribunales Federales del barrio porteño de Retiro coincidió con la de su padre, trasladado desde la cárcel de Ezeiza para cumplir dos trámites -ratificar una denuncia presentada contra la AFIP por supuesta violación de secreto y notificarse de su procesamiento por asociación ilícita en la causa "Los Sauces"- aunque no se cruzaron porque no hubo un pedido formal alguno formulado por sus defensas en ese sentido.

Según trascendió, Leandro escuchó los cargos en su contra, entregó un escrito y no respondió preguntas, tras la lectura de la imputación que lo señala como "beneficiario" último de dos cuentas abiertas en Suiza por empresas que, para la Justicia, buscaron esconder dinero ilegal del grupo Báez.

En esas cuentas figuran como últimos beneficiarios los cuatro hijos de Báez.

"Soy absolutamente ajeno a lo señalado en torno a la obra pública y la evasión fiscal", agregó Leandro Báez en el escrito que entregó en su indagatoria.

Además, asesorado por su abogado Julián Schettini, Leandro aludió a un "pendrive" llegado desde la Justicia suiza con datos sobre las cuentas bancarias pero advirtió que parte de la información estaba en francés y que aún "no ha sido traducida", con lo cual le resultaba "imposible" responder "sobre un documento escrito en un idioma" que desconocía.

La nueva ronda de indagatorias dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello arrancó el jueves último con la convocatoria al financista Fabián Rossi y, de acuerdo con lo previsto, cerrará el próximo 6 de junio con la del detenido empresario Lázaro Báez.

En ese período, además de la declaración de Rossi y de los cuatro hermanos Báez, están programadas las indagatorias de otros siete imputados en la causa y otras catorce personas vinculadas con diversas operaciones financieras relacionadas con información remitida por la Justicia suiza al juzgado de Casanello.

Según consta en el expediente, los hijos de Báez figurarían como "beneficiarios finales" en dos cuentas abiertas en el J SafraSarasin bank de Suiza, por la firma "Wodson International" , que la Justicia sospecha vinculada a "Helvetic Services Group", cuya propiedad se atribuye al detenido Lázaro.

A su vez, tendrían la misma condición en otra cuenta abierta también en el J Safra Sarasin de Suiza por la firma "FromentalCorp", constituida en el 2011 en Panamá y en cuyo directorio figurarían Jorge Chueco y Daniel Perez Gadín, abogado y contador de Báez respectivamente.

En total, la Justicia apunta a doce sociedades formadas para abrir cuentas en paraísos fiscales, Panamá y Suiza principalmente, con el objetivo de montar una "estructura jurídica y societaria" para lavar dinero en el país y en el exterior proveniente de ganancias ilegítimas del grupo Báez a través de la corrupción en la obra pública kirchnerista, como dio por probado otro juez, Julián Ercolini, y de la evasión tributaria mediante el uso de facturas falsas.

En la investigación se concluyó, en relación a fondos ilegales que entre 2009 y 2012 la empresa insignia de Báez, Austral Construcciones, declaró costos falsos para sus obras y que esto se respaldaba con facturas falsas.

En ese marco, se calcula que se fugaron unos 60 millones de dólares, de los cuales unos 32 millones se reintrodujeron al país mediante la compra venta de bonos pero, se advirtió en base a información llegada desde Suiza, otra parte de ese dinero seguiría oculto en el entramado societario investigado ahora en este tramo del expediente.