Fuentes judiciales informaron que, por ahora, el beneficio al represor no se hará efectivo porque resta definir su situación en otras causas judiciales pendientes que tramitan en la justicia federal de La Plata y en Comodoro Py.

El fallo fue emitido por la Sala I del máximo tribunal penal del país por mayoría de dos contra uno, ya que la jueza Ana María Figueroa votó en dirección contraria a sus colegas Liliana Catucci y Eduardo Riggi quienes evocaron cuestiones "humanitarias" para concederle el beneficio.

Los magistrados que votaron por favorecer a Etchecolatz, en el marco de un tramo de la causa que investiga los crímenes cometidos en el Pozo de Banfield, citaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el denominado caso "Alespeiti" conocido hace 10 días.

Con ese fallo, la Corte revocó uno anterior de la Cámara Federal de Casación Penal que había dejado sin efecto la prisión domiciliaria a un teniente coronel del Ejército condenado por delitos de lesa humanidad.

"Es dable señalar que el 18 de abril del corriente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en la causa `Alespeiti, Felipe Jorge s/ incidente de recurso extraordinario´, cuya doctrina resulta de aplicación al sub examine", sostuvo Catucci.

La magistrada remarcó que en ese caso se estableció que "el derecho a un trato digno y humano reconocido a las personas privadas de su libertad no sólo encuentra soporte en nuestra Constitución Nacional desde 1853" sino también en pactos internacionales.

Al emitir el voto al que adhirió Riggi, Catucci remarcó que Etchecolatz tiene 87 años y se encuentra alojado en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza, en tanto que hizo referencia al último informe elaborado por el Cuerpo Médico Forense, fechado el 11 de agosto de 2016.

En ese informe se indicó que Etchecolatz "tiene antecedentes de hipertensión arterial, deterioro cognitivo moderado, espanvascular, labilidad emocional y padece adenoma de próstata que requiere cateterización permanente".

También se informó que había realizado una huelga de hambre y que, previo al chequeo médico, se había negado a recibir la medicación por lo que luego del examen se constataron "signos de deshidratación de leve a moderada".

La jueza Figueroa, por su parte, se expidió en la misma dirección que lo había hecho la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que no hizo lugar a la detención domiciliaria, y sostuvo que se había dispuesto su internación en un hospital extramuros que reúna las condiciones necesarias, en base al informe del Cuerpo Médico Forense.

"Respecto a su lugar de detención, el hospital (en el que estaba) cumple con las normas mínimas de alojamiento", había concluido el Cuerpo Médico tras realizarle el último examen, por lo que no recomendó su arresto domiciliario.