El juez federal Claudio Bonadío concedió ayer autorización a la ex presidenta Cristina Kirchner y a su hija Florencia para viajar a Europa entre el 5 y el 19 de mayo próximos y le fijó una caución de 150 mil pesos a cada una que deberá ser depositada antes de salir del país.

Además resolvió que ambas procesadas como supuestas jefas de una asociación ilícita en la llamada causa "Los Sauces" deberán presentarse en su juzgado en un plazo máximo de 48 horas tras su regreso al país, según la resolución firmada.

Con este permiso, y tras cumplir varios trámites ordenados, podrán salir del país debido a que la ex presidenta ya fue autorizada por el juez federal Julián Ercolini, quien la procesó en la causa por direccionamiento de obra pública a favor del detenido Lázaro Báez y por el Tribunal Oral Federal 1 que debe juzgarla en la causa "dólar futuro".

Bonadío consideró que el fiscal federal Carlos Rívolo dio su consentimiento y que tanto la ex presidenta como su hija estuvieron siempre a derecho, pero ante el procesamiento dictado en su contra y otros elementos que consideró fijó las cauciones y otras restricciones.

En el caso de Florencia, sostuvo, "no han explicado cuáles son las razones personales por las que tiene que acompañar a Cristina Elisabeth Fernández en su viaje", como uno de los argumentos para fijarle el pago previo de 150 mil pesos como caución.

"La medida tiene como objeto, ante la perspectiva de perder el monto abonado, ser un elemento disuasivo suficiente para evitar que la imputada Kirchner se fugue del país o eluda la acción de la justicia y que asegure su comparecencia", sostuvo para justificar la caución impuesta a la ex Presidenta y a su hija.

La ex presidenta y su hija fueron autorizadas a viajar a la ciudad griega de Atenas, desde allí a Bélgica en Bruselas y luego a Londres en el Reino Unido.

Ambas deberán regresar el 18 de mayo y tendrán 48 horas para presentarse en los tribunales federales de Retiro.

Cristina y Florencia Kirchner están procesadas como supuestas jefas de una asociación ilícita que habría cobrado sobornos simulados en el alquiler de propiedades de la sociedad familiar "Los Sauces" a empresarios beneficiados con la adjudicación de obra pública en el kirchnerismo, como el detenido Lázaro Báez y Cristóbal López.

Además está procesada por supuesto direccionamiento de la obra pública a favor de Báez en Santa Cruz, en una causa a cargo del juez Ercolini y fue ya enviada a juicio por la venta de dólar futuro al final de su gobierno.