Los allanamientos fueron realizados por efectivos de la Policía de la Ciudad, en el marco del expediente que llevan adelante el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, según informaron fuentes de la investigación.

Los operativos judiciales se realizaron en los edificios de la Procuración, ubicados en la Avenida de Mayo, avenida Belgrano, la calle 25 de mayo y el de Perón 667.

En simultáneo se produjeron allanamientos a una sede de la inmobiliaria que participó de la operación de compra-venta del edificio y a la casa de Guillermo Bellingi, el funcionario de la procuración separado de su cargo por esta causa.

"Uno de los objetivos del operativo fue secuestrar la computadora de Bellingi y eso se logró", informaron fuentes judicales que aclararon, además, que la Procuración entregó los registros de visitas del despacho del funcionario relativos a la fecha investigada.

Bellingi es un contador que hasta que lo suspendieron -sin goce de sueldo- se desempeñaba en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y que antes había sido subdirector general de la Procuración.

La decisión de separar a Bellingi de su cargo se produjo luego de que investigaciones periodísticas lo vincularan con uno de los intermediarios que, contratado por la inmobiliaria Jaureguiberry, había participado de la operación.

La causa se inició a partir de una denuncia contra la procuradora Gils Carbó por la presunta comisión de los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con sus funciones y otros delitos en la compra del edificio de la calle Perón 667.

El caso comenzó con una presentación realizada por el fiscal federal Carlos Rívolo, quien, tras una investigación preliminar, formalizó la demanda en la que fue acusada Gils Carbó y su ex marido Héctor Alonso, quien fue vinculado con la inmobiliaria que intervino en la operación, entre otras personas.

Según la denuncia, la operación implicó el supuesto pago de una comisión de 8.000.000 de pesos para Alonso, aunque el mismo día de la presentación, el abogado de Gils Carbó, Alejandro Rúa, negó el pago de comisiones o sobreprecios por parte de la Procuración.

Tras la denuncia y las explicaciones de Gils Carbó sobre cómo fue el proceso licitatorio a partir del cual se produjo la adquisición del inmueble surgieron nuevas investigaciones periodísticas que pusieron el foco en Bellingi.

La inmobiliaria que participó de la operación fue Jaureguiberry Asesores, que había sido contratada por la firma Arfinsa SA, integrante del Grupo Bemberg, y que habría subcontratado a Juan Thill para que intercediera en la operación.

La operación generó a Jaureguiberry una comisión a favor por casi 8 millones de pesos que compartió con Thill, quien, según publicó el portal Infobae, es hermano de Bellingi, quien era subdirector general de la Procuración cuando se hizo la compra.