El Gobierno decidió no enviar al Congreso el proyecto de ley de Transparencia y Buenas Prácticas en la obra pública, aunque antes de fin de mes emitirá un decreto reglamentario con el mismo espíritu, que aplicará un techo de 15% a las ofertas en las licitaciones respecto del costo que fije el Estado para una construcción y nuevas reglas para transparentar el acceso a las pequeñas empresas.

Según anticiparon fuentes de la Casa Rosada, en el oficialismo decidieron evitar el debate parlamentario sobre el tema y acelerar la puesta en marcha de la nueva normativa, por lo que "el decreto será firmado por el Presidente antes de fin de mes y tendrá casi las mismas reformas que figuran en el borrador del proyecto".

La mayor novedad en la nueva normativa será que habrá un tope de 15% a la variación de las ofertas respecto del costo que fije el Estado para una obra: es decir que si el trabajo está designado en $100 millones de presupuesto, las ofertas en las licitaciones no podrán ser inferiores a 85 ni mayores a 115.

De serlo, y no haber otra opción en la licitación, el decreto le asigna al ministro de cada cartera la decisión final de autorizarla o no, quitando la responsabilidad a los subalternos.

Esta normativa evitará -según el oficialismo- una cartelización en el mercado de la construcción por parte de los grandes jugadores, ya que desde el Gobierno creen que el caldo de cultivo para la corrupción en las obras estaba dado por el libertinaje en la modificación sin control de los presupuestos luego de las licitaciones.

"Con la discrecionalidad, algunos pierden poder de maniobra. Pero lo que esta ley provocaría es evitar que los grandes jugadores del mercado perjudiquen a los más chicos, ofreciendo licitaciones con precios insólitamente bajos pero que después terminan renegociando al alza a los pocos meses", explicó uno de los involucrados.

En el Ministerio del Interior -cuyos funcionarios confeccionaron el proyecto de ley que ahora será decreto- destacaron, en diálogo con esta agencia, que "las empresas constructoras se mostraron a favor de este cambio aunque habían sugerido otro esquema", y los gremios vinculados a la construcción "ya expresaron su acuerdo en la firma del pacto con la Uocra y la CAC".

El borrador del proyecto, difundido en julio pasado, tiene como medida más trascendente establecer un piso respecto de la oferta a la baja que puedan presentar los contratistas en una licitación (con relación al precio prefijado por el Estado) y un techo a la eventual renegociación al alza del precio acordado en el pliego, además de mayores requisitos en los detalles del presupuesto.

Desde Interior adelantaron que ese piso y techo será del 15% y que, si se perfora por algún motivo, la decisión política de realizar la obra debe quedar a cargo de los ministros, que en la órbita nacional serán los de Transporte, Interior y Energía, únicas carteras con facultades de obras.

La nueva reglamentación -inspirada en la legislación de Estados Unidos y Canadá- también planteará "castigos a los funcionarios que incumplan y también la expulsión del Registro de Contratistas a quienes se cartelicen", además de prohibir incompatibilidades (quien haya trabajado en estamentos del Estado que ejecutaron obras no podrá ser contratista por un lapso de cinco años).

Otra medida será sumar a la Comisión Nacional de la Competencia al entramado de la licitación, y participar a la AGN y la SIGEN de cada paso concreto en la adjudicación y control de las obras.

Otros de los cambios con los que el Gobierno dice querer dar luz a la adjudicación están narrados en el artículo 3 del anteproyecto: se garantizará el acceso irrestricto, anónimo y gratuito a las bases y condiciones de contratación por vía electrónica, asegurará la publicidad del procedimiento de contratación en la web, evaluará el desempeño del contratista y establecerá sanciones.

En el artículo 11 del borrador se establece la creación del Instituto Nacional de Buenas Prácticas para la Administración de Obras (INBPAO), con el "objetivo de promover políticas públicas de excelencia por parte del Estado nacional para una administración eficiente de las obras", además de realizar auditorías en la gestión de los trabajos, difundir indicadores de calidad e implementar "bases de datos y bancos de información para el auxilio de la gestión".