La Sala I de la Cámara Federal confirmó hoy el procesamiento de los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Milton Capitanich y del ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto por presuntos manejos irregulares de fondos públicos en el programa gubernamental "Fútbol para Todos", como así también del expresidente de AFA Luis Segura; ratificando así la acusación que en primera instancia había fijado la jueza María Servini de Cubría.

La Cámara acusó a Fernández y Capitanich por violación de los deberes de funcionario público y les impuso un embargo de 10 millones de pesos a cada uno.

En tanto, a Segura y demás dirigentes de AFA se los acusa del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado Nacional, y a aquel se le trabó un embargo de 50 millones de pesos.

Por el mismo delito, quedaron procesados Carlos Portell, extesorero de la AFA; Miguel Silva, y Rafael Savino, exsecretarios generales; de Rubén Raposo, exgenrente financiero; y José Lemme, actual presidente de Defensa y Justicia.

El Tribunal impuso embargos de 20 millones a Savino, Silva, Leme, Portel y Raposo; y de unos cinco millones para el exvicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, a quien le confirmaron el procesamiento por el delito de peculado.

En tanto, el excoordinador del programa "Fútbol para Todos" Pablo Paladino fue sobreseído.

Según la investigación, los fondos públicos en lugar de ir a los clubes, era desviado a operaciones financieras o se utilizaban para otros fines.

"Los presuntos desvíos cometidos en el seno de la AFA, desde que entró en vigor el contrato asociativo con la JGM, sólo habrían sido posibles a raíz de la falta de control desde este último organismo. Es decir, de no ser por la inacción del Estado en ese aspecto, la maniobra no habría continuado durante más de cinco años", sostuvo el Tribunal.

"Si la Jefatura de Gabinete hubiera efectuado el seguimiento de la ejecución del contrato, habría garantizado que los fondos recibidos por la asociación fueran transmitidos sin mengua a los clubes", agregó la Cámara en el fallo.

La Cámara replicó el argumento utilizado por algunos de los acusados, entre ellos Aníbal Fernández, quien sostuvo que los fondos públicos dejaron de ser tal una vez que eran entregados a la AFA.

En ese sentido, los jueces remarcaron "el deber derivado de la facultad de administración" y que el programa Fúltbol para Todos "se encontraba dentro de la órbita de la Jefatura de Gabinete en virtud del contrato asociativo, era aprobado por dicho organismo".

En cambio, el Tribunal consideró que Abal Medina, el otro exjefe de Gabinete, impuso controles al Programa Fútbol para Todos.

El camarista Eduardo Freiler votó por el sobreseimiento de los funcionarios y falta de méritos para los dirigentes por entender que la plata había dejado ser pública cuando le fue entregada al programa "Fútbol para Todos".

Pero los camaristas Leopoldo Bruglia y Martin Irurzun votaron por confirmar los procesamientos.