En declaraciones a radio La Red, Rodríguez explicó las medidas que tomó en torno al acuerdo alcanzado entre la empresa SOCMA (ex concesionaria del Correo Argentino y perteneciente a la familia Macri) y el Gobierno, que pautaba el pago en cuotas de 600 millones de pesos por parte de la empresa, y que todavía está pendiente de homologación judicial.

El funcionario recordó que la deuda verificada por el Estado por parte del grupo empresario es de 296 millones de pesos, a monto nominal del año 2001. También explicó que "en un concurso, cuanto más tiempo pasa es mejor para el concursado", porque eso licúa la deuda.

En esta línea informó que actuó en función del informe que realizó la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, que calificó al acuerdo como "abusivo".

"En virtud de los cálculos de distintas direcciones de contadores de la Procuración General, ella tildó el acuerdo de abusivo y yo no podía dejar de poner esto en conocimiento de la Justicia", señaló Rodríguez.

"En la denuncia lo califiqué prima facie como administración fraudulenta en perjuicio del Estado, posible tráfico de influencias y negociaciones incompatibles", sostuvo el fiscal.

Además indicó que le envío un oficio al procurador del Tesoro, Carlos Balbín "ordenándole un sumario administrativo para que investigue y deslinde las responsabilidades de los que participaron en esta acuerdo" y por otro lado "una auditoría de todo el proceso concursal" para que explique "por qué es Estado no pudo cobrar su deuda en 16 años", y señaló que en ese sentido hay que investigar "responsabilidades de varios funcionarios" a lo largo de esos años.

"Esto es un concurso de acreedores, la firma tiene una deuda, el Estado lo que tiene que hacer a través de sus representantes es tratar de cobrarla de la mejor manera posible", concluyó Rodríguez.