En el marco de los decretos de necesidad y urgencia 52 y 54 de 2017, a través de los cuales el presidente Mauricio Macri modifica el calendario de feriados nacionales por un lado, y el sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo por el otro, la diputada nacional del Movimiento Evita, Lucila De Ponti señaló que: "Es muy grave que el gobierno nacional decida gobernar por DNU porque no tiene la capacidad de construir consensos en el Congreso, todas estas decisiones terminan siendo inconstitucionales y rechazadas cuando no puede probarse la existencia de la necesidad ni de la urgencia".

"El oficialismo podía convocar a sesiones extraordinarias en febrero si tenía apuro por modificar el calendario de feriados y el sistema de ART, sino de esta manera se toman decisiones que son ilegítimas y algunas repudiables como es la decisión de incluir al 24 de marzo o al 20 de junio entre 'los feriados movibles'", afirmó la legisladora nacional santafesina y remarcó "lugar natural para dar este debate es el Congreso".

En cuanto a la decisión de modificar el sistema de ART, ley que ya contaba con media sanción del Senado, De Ponti subrayó: "No se puede tomar decisiones que afectan los derechos de los trabajadores a través de Decretos de Necesidad y Urgencia, cercenando la participación en el debate de los legisladores y de los representantes de los trabajadores, el lugar natural para dar este debate es el Congreso". 

Asimismo, consideró: "Me preocupa el apuro en modificar cuestiones que tienen que ver con el modelo laboral y las condiciones de trabajo en nuestro país, en este caso la protección y el acceso a la Justicia de los trabajadores que son víctimas de accidentes laborales, porque pueden terminar vulnerándose derechos conquistados".

Además, la diputada nacional del Movimiento Evita sostuvo que: "es un tema que debe ser analizado con cautela, porque el objetivo de este sistema es proteger a los trabajadores en su desempeño laboral y en la posibilidad de acudir a la Justicia, y este gobierno ha manifestado su voluntad constante de favorecer al empresariado a través del denominado costo laboral, entre los cuales uno de los temas a abordar es el de la justicia laboral". 

Para finalizar Lucila De Ponti aseveró: "Vamos a intervenir desde nuestro rol legislativo para que estos decretos queden sin efecto y que las leyes sean discutidas en el Congreso como corresponde. Claramente el latiguillo de 'república y división' de poderes que usaron en la campaña lo abandonaron al llegar al poder, decidiendo gobernar por decreto y en contra de los derechos de los trabajadores".