"La ley que nosotros impulsamos tiene a la edad como su último punto, hay un montón de puntos anteriores", enfatizó el funcionario, quien, sin embargo, indicó que será uno de los aspectos a debatir "con las asociaciones de psicología y pediatría, más otras instituciones que se ofrecieron a colaborar en esta discusión del régimen penal".

Así lo indicó en una entrevista publicada hoy por el diario La Nación, en la que consignó que su "concepción personal" es que, "para delitos graves, en especial aquellos que atentan contra la vida y la libertad física, sexual y demás de las personas, los jóvenes de al menos 15 años deberían tener las garantías pero también las responsabilidades de un adulto".

Sin embargo, expresó sus "dudas" sobre la posibilidad de llevar ese piso a los 14 años: "En ese caso tengo dudas porque esto siempre nos llevará a bajar la edad de la inimputabilidad y podemos llegar a países donde a los 12 años tienen el mismo régimen penal que un adulto. Hay que poner un límite", planteó.

"A los 15 no tengo ninguna duda; tengo dudas a los 14", opinó Garavano, quien, de todos modos, sugirió que existe "un mecanismo adecuado" que es fijar la edad de imputabilidad "a partir de los 14 años pero sólo para delitos muy graves, y el fiscal deberá demostrar con pruebas y estudios médicos que ese menor de edad comprendía la criminalidad del acto".

"Lo mismo se puede aplicar a los 15, en eso no tengo problemas. En ambos casos se puede trabajar sobre un sistema de pruebas en el proceso", afirmó Garavano en la entrevista.

En ese marco, sostuvo que el proyecto de ley que estudia el gobierno nacional para la reforma del régimen penal juvenil "tiene a la edad como su último punto" dado que "hay un montón de puntos anteriores".

"Hay que verificar que el Estado haga todo lo posible, pero también hay que pensar si podemos dejar impune a un joven porque no tuvo estas respuestas estatales. Hay que debatir si dejamos impune un delito porque el Estado falló antes. Cuando integré la Justicia de Menores sufrí mucho un falso garantismo, un poco basado en estos conceptos", indicó Garavano.

En este punto, señaló que, "cuando uno analiza los niveles de impunidad de estos jóvenes que cometen delitos menores, generalmente, sacando la parte educativa que tuvo alertas, también hubo otras alertas en el sistema penal antes de llegar a cometer un homicidio".

"Ignoramos las alertas con el pretexto del garantismo y, en vez de solucionar el problema, creyéndole hacer un favor, pensando desde una concepción culpógena que el chico sufre carencias, agravamos la situación", agregó el funcionario.

De todas maneras, consideró que en el país está "mal usado el término garantista" y afirmó que, si se usara bien el concepto, no se opondría al garantismo.

"Nuestra Constitución y el sistema judicial argentino está basado en las garantías y estaría muy bueno tener una justicia garantista. No me opondría a tenerla si el término estuviera bien usado", sostuvo, quien sostuvo que en el país existía "una justicia de impunidad, no de garantías, que están muy bien y las necesitamos todos".