El crimen de Brian, el adolescente asesinado por otro de 15 años en Flores en la víspera de Nochebuena, reavivó el debate por la baja de la edad de imputabilidad. Y, en el inicio de un año electoral, el Gobierno busca tomar la iniciativa y adelantarse a la oposición en un tema que fue vedette en las últimas campañas. Así, cuando vuelva de sus vacaciones, uno de los primeros decretos que firmará Mauricio Macri será para oficializar la convocatoria a una comisión especial que se encargará de analizar y confeccionar un anteproyecto para reformar el régimen penal juvenil.

"Impulsamos la reforma del régimen penal juvenil porque la ley actual es de la época de la dictadura y debe ser modificada. En esa discusión se pondrá sobre la mesa el tema de la edad de imputabilidad pero, principalmente, el tratamiento de los jóvenes en conflicto con la ley penal", confirmó a Clarín el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, aseguró este miércoles que la posición del Gobierno es asumir que existe "una situación en la franja de 15 años" relacionada con el delito y que es necesaria una nueva ley que aborde el régimen penal juvenil porque la que rige es 'paternalista'" y de la dictadura, pero advirtió que esa ley debe ser abordada en base a "consensos" con Unicef y con todo el arco político, y debe ser tratada en el Congreso después de las elecciones.

"Hoy la posición del Gobierno es que hay una situación en esa franja de 15 años que debe ser abordada por la ley, pero en base a consensos con Unicef y todo el arco político", dijo el titular de la cartera de Justicia en diálogo con Radio Nacional.

Agregó que la idea es comenzar "una discusión seria" durante el 2017, pero que el tratamiento legislativo "se dé recién en 2018, lejos de las elecciones" legislativas.

En cuanto a que el proyecto de ley considere una baja en la edad de imputabilidad de menores, Garavano reconoció que "la gente de Unicef no coincide" con la necesidad de tomar esa medida, y señaló que respetaban esa opinión, que también "estará sobre la mesa de discusión" de la ley.

Según dijo, ya están trabajando con Unicef, así como con jueces y expertos respecto al abordaje de un nuevo régimen penal juvenil, y recordó que la ley que está en vigencia fue promulgada durante los años de la dictadura y que es "básicamente paternalista".

El Ministro asumió que si bien cuando se habla del delito que cometen los menores el foco se pone en la edad, existe un problema que es necesario abordar y que tiene que ver con la "reinserción escolar y laboral".

Reconoció también que "el salto mayor" en el delito "se da en la franja de los 15, más que de los 14", con lo que abrió el debate respecto de si la edad de imputabilidad debería ser a partir de los 14 o de los 15.

Asimismo, Garavano asumió que la responsabilidad del Estado es "dar respuestas tempranas" ya que "el ingreso al delito de un joven se da en forma lenta".

"El joven no es que ingresa y mata a alguien, sino que se va dando un proceso de degradación y, al mismo tiempo, de abandono por parte de la familia, el Estado y la sociedad", puntualizó.

Por eso, el ministro planteó un "rol activo del Estado" para que el joven "no entre en este círculo vicioso", y llamó la atención respecto a que los jóvenes que cometen delitos además de victimarios son "víctimas".

La edad en la que se concentran la mayoría de los delitos, dijo, es entre los 14 y 15 años y los 28, y, agregó, "tiene que ver también con el consumo de drogas".

"Es necesario que el Estado ponga mayor cantidad de recursos en las etapas iniciales, es decir en la prevención", y en este marco recordó que cuando trabajó en juzgados de menores recibió la visita de un juez de menores de California, Estados Unidos, al que le llamó la atención que estos juzgados de menores "estén siempre en el sótano o en la terraza" de los tribunales.

Según dijo, este lugar que ocupan físicamente también da cuenta de que "falta que sea una prioridad".

Por eso, se comprometió a darle al tema un "abordaje integral", para que los recursos que se destinen sean "útiles e inteligentes", y vayan también a la prevención.