Fuentes judiciales consignaron que el organismo pidió que la Justicia indague si el dirigente social cometió "una omisión maliciosa" que el artículo 268/3 del Código Penal castiga con 15 días a dos años de prisión e inhabilitación especial perpetua.

Según la normativa vigente, Pérsico, por su condición de funcionario público, con rango de secretario de Estado, estaba obligado a presentar una declaración jurada patrimonial.

Alonso, titular de una dependencia que responde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, efectuó esta presentación ante la Cámara Federal porteña, y por sorteo, la causa será instruida por el juez federal Daniel Rafecas.

Pérsico y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, junto con otros dirigentes sociales, negociaron a fin de año la sanción de Ley de Emergencia Social, que fue promulgada por el Congreso.

Esa ley estableció que el Estado le otorgue a las organizaciones de la economía popular fondos por 30 mil millones de pesos hasta 2019.