Un comunicado firmado por Micheli y el adjunto de la central, José Rigane, criticó el proyecto de reforma de Ganancias y aseguró que esa "pretendida solución" lograda en "las frenéticas negociaciones entre el gobierno y la mayoría de los legisladores nacionales y quienes afirman que hay que continuar pagando produjo una ley que mantiene como contribuyentes del injusto impuesto al 80 por ciento" de la fuerza laboral.

"La conducción de la CGT avaló el procedimiento, que tuvo pobres resultados para la mayoría de los trabajadores alcanzados. Porque no habrá actualización en 2017, ya que la norma aprobada indica que se implementará desde 2018, por lo que los aumentos salariales en negociaciones paritarias para enfrentar a la inflación real retrotraerá la situación a los actuales valores", puntualizaron.

Explicaron que "las escalas votadas para efectivizar el descuento del impuesto son insuficientes y no tienen relación ni proporcionalidad con el congelamiento distorsionador de los últimos años", y que "las alícuotas para el descuento de cada categoría tienen una leve mejora para la primera (5 por ciento), pero para las siguientes la mayoría de los trabajadores tributará más si recibe una mejora en 2017, en especial los primeros meses".

Micheli y Rigane indicaron que "el aguinaldo continuará tributando porque su liquidación provocará que el trabajador adelante el pago del tributo para no sufrir descuentos elevados en julio y diciembre, perdiendo así contra la inflación real".

"La inclusión de una parte de las horas extras en las deducciones habilitadas por la ley producirá inequidades salariales entre quienes las cumplan en días hábiles o domingos y feriados. Existen ramas de la producción y los servicios en las que no pueden dividirse o acumularse su prestación para evitar el pago pleno. En el caso de hijos se votó que serán deducibles hasta los 18 años, por lo que buena parte de los trabajadores casados perderá el supuesto 'beneficio' de las nuevas escalas y alícuotas y comenzará a tributar como si no tuviera descendencia", argumentaron.

Del mismo modo, afirmaron que el mecanismo para deducir una parte de lo abonado en concepto de alquiler "es engorroso y no admite el elevado grado de informalidad y desproporción en la relación que existe entre dueño e inquilino a favor del primero".

Los dirigentes gremiales reclamaron "un país con progresividad tributaria, en el que quienes más ganan paguen más impuestos y se estimule el trabajo y la producción en lugar de la timba financiera, el juego y las actividades contaminantes".

"La CTAA quiere una Nación para los trabajadores y su gente y no que asegure solo alta rentabilidad a los bancos. El impuesto al salario es confiscatorio, ilegítimo y anticonstitucional. La Carta Magna, los tratados internacionales y la Ley de Contrato de Trabajo consideran que el trabajo en relación de dependencia y la remuneración deben ser protegidos", aseguraron los sindicalistas.

Por último, expresaron que los trabajadores y el movimiento sindical deben discutir "nuevas estrategias para lograr la eliminación del tributo en el marco de una reforma tributaria".