El detenido empresario Lázaro Báez se declaró víctima de una "falsa denuncia" por razones políticas, al pedir a la justicia su sobreseimiento en la causa en la que se lo investiga por la evasión de 33 millones de pesos destinados al pago de aportes jubilatorios de empleados de 16 de sus empresas.

Báez fue trasladado desde la cárcel de Ezeiza hasta los tribunales de Comodoro Py, citado por el juez en lo Penal Económico Ezequiel Berón de Astrada para una ampliación de su indagatoria en esa causa penal.

Mediante un escrito, el empresario pidió ser sobreseído y que además se investigue "a los personajes actuantes en esta falsa denuncia", que a su juicio "fue impulsada por orden política".

Sostuvo que quiere pagar los millonarios aportes previsionales que se le reclaman como evadidos, pero que para ello necesita que el juez federal que ordenó detenerlo, Sebastián Casanello, autorice la apertura de una cuenta especial fiscal, ya que todos sus bienes y cuentas bancarias están bajo embargo judicial.

"Había que destruir mi empresa y a mi persona", se quejó Báez al argumentar que no depositó los aportes jubilatorios de sus empleados entre 2010 y el 2016 porque hubo demoras en el pago de obras contratadas por el estado nacional.

En este sentido, aseguró que hubo "una crisis económico financiera" en sus empresas a causa "del atraso por parte del Estado en el pago de los certificados de obra".

"Y había que destruirme e inventarme causas, aun a costa de faltar a la verdad y cometer delitos más graves que los que se me pretenden imputar, ya que estamos hablando de funcionarios del Estado", afirmó el empresario luego de indicar que hubo una "orden de apuntar hacia un personaje y ese personaje era yo".

Lázaro Báez está detenido desde el 5 de abril pasado por orden de Casanello, quien lo procesó por el presunto delito de lavado de activos.

En la pesquisa que tramita en el juzgado a cargo de Berón de Astrada también están imputados los hijos de Báez, Luciana, Leandro y Martín, así como directivos de todas las empresas a las que se les imputa la evasión de aportes previsionales.