Unos 15 efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata, armados con escopetas, se hicieron presentes durante el fin de semana en el Barrio San Cayetano de Romero, para proceder con un censo poblacional. Allí unas 300 familias consiguieron frenar el desalojo que los amenazaba desde hacía tres meses, cuando empujados por la necesidad de una vivienda digna ocuparon un predio en la zona de 526, 528, 161 y 166. Los vecinos calificaron como "un atropello" la acción policial y hoy harán una presentación a la justicia para proceder con un pedido de informe que explique los hechos.

Hace algunas semanas, la jueza de garantías Marcela Garmendia había suspendido la orden de sacar a través del uso de la fuerza a las personas del lugar, anteponiendo como prioridad la necesidad de preservar la integridad física de los menores.

Le siguió la orden de efectuar un censo, a cargo de peritos asistenciales sociales para acreditar cantidad de menores en el predio y condiciones de vida. Pero enorme fue la sorpresa de los vecinos cuando el sábado llegaron 15 efectivos de la DDI, armados con ithacas, para efectuar el relevamiento de datos: "Es increíble. Estamos cansados que en un Estado de derecho existan tantos atropellos", señaló a Diagonales Sebastián Cuccia, asesor letrado de los vecinos.

"Fue absolutamente intimidatorio, la gente se asustó mucho y se vio obligada a firmar planillas con información personal que recababa la policía pero que no podían leer una vez culminado el cuestionario", agregó, y subrayó la contradicción que implica que la verificación de la presencia de niños en el barrio se realice a través de personal de la DDI: "El operativo en sí mismo vulnera todos los derechos de los niños y niñas", interpretó.

Según los vecinos, la policía llegó al lugar "sin dar explicaciones, con prepotencia y propinando amenazas". También aseguraron que los efectivos decían cumplir una orden de la fiscal interviniente en la causa, Virginia Bravo. "Cómo puede ser que una fiscal, sin siquiera hacerse presente en el barrio, envíe a la policía a verificar, a censar la existencia de nuestros hijos, portando ithacas y dirigiéndose con malos tratos a los vecinos, cuando rige una acordada de la Corte que pretende proteger los derechos de los chicos", se quejó el abogado.

EN DEFENSA DE LOS CHICOS. El  21 de septiembre, el defensor penal juvenil, Julián Axat, presentó un recurso de amparo para frenar los desalojos, con el objetivo de preservar la integridad de los menores.

Axat se presentó como patrocinador de los hijos de los acusados de usurpación para que se garantice su derecho a tener una vivienda digna junto a su familia. La presentación se basó en una resolución de la Procuración General bonaerense que prohíbe los desalojos compulsivos de viviendas que sean habitadas por menores de edad.

(Fuente: Diagonales)