La ex presidenta Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez pidieron a la justicia que se aparte a la diputada nacional Margarita Stolbizer de la causa Hotesur, en la que la legisladora fue aceptada por el juez federal Julián Ercolini como "amicus curiae".

En sendas presentaciones ante la Cámara Federal porteña, la ex mandataria y el ex contratista investigados por supuesto lavado de dinero a través de la empresa hotelera de la familia Kirchner pidieron que el tribunal revea el criterio del magistrado.

En su presentación ante la Sala I de la Cámara, la defensa técnica de la ex presidenta consideró que la inclusión de Stolbizer en el expediente es una manifestación de la "persecución" a la que estaría siendo sometida por la multiplicidad de acusadores.

La apelación deberá ser resuelta por los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, a los que se unió en calidad de subrogante el juez Luis Bruglia.

Para el abogado Carlos Beraldi, defensor de la ex jefa de Estado, "la inusitada multiplicidad de acusadores quiebra el principio de igualdad de armas, afectando de manera directa y concreta el derecho de defensa en juicio de mi representada".

Anteriormente, Báez ya había ido en queja ante la Cámara Federal por la aceptación de la diputada

Stolbizer aduciendo que su rol se suma al que ya ejercen dos agencias estatales en carácter de querellantes, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera.

La diputada justificó su intervención en la causa alegando su "compromiso en la lucha contra la corrupción y [su] deseo de actuar por los carriles legales e institucionales" y en base a que la presente causa reviste una trascendencia institucional que excede el mero interés de las partes.

Como parte de la persecución denunciada, Beraldi resaltó que además de los dos organismos dependientes del Poder Ejecutivo que actúan como querellantes el juez Ercolini avaló "la actuación concurrente de un fiscal 'ad hoc' para que se desempeñe de manera prácticamente exclusiva en éste y otros expedientes conexos en los que se imputa a la Dra. Cristina Fernández de Kirchner".

El abogado alegó que la fiscalía especial fue dotada "de equipos especiales de trabajo, recursos adicionales y hasta nuevas oficinas de uso exclusivo en el edificio 'Libertad'", perteneciente a la Armada y ubicado frente a los tribunales federales de Comodoro Py.

La aceptación de Stolbitzer como "amicus curiae" plantea una "inédita y compleja burocracia estatal puesta al servicio de la persecución penal de la ex Presidenta de la Nación, que abarca al Ministerio Público Fiscal, al Poder Ejecutivo Nacional y, en cierto modo, también al Poder Legislativo de la Nación", razonó Beraldi.

La causa empezó en noviembre de 2014 a raíz de una denuncia penal contra la Presidenta por supuestas irregularidades fiscales y societarias a través de la sociedad Hotesur S.A., que maneja el Hotel Alto Calafate.