"La democracia argentina, a 30 años de haberse consolidado como sistema de gobierno, sigue en deuda con la Justicia. En todo este tiempo, el criterio que primó para designar a los funcionarios era el de si son funcionales a los intereses de un partido político. Es hora de cambiar y usar las instituciones para defendernos de la corrupción", señaló Moreno Ocampo.

Catedrático en la universidad estadounidense de Harvard, el letrado señaló que en la actualidad trabaja en un proyecto junto con el Colegio de Abogados, con el fin de hacer "un seguimiento" ante el Consejo de la Magistratura de causas emblemáticas sobre el manejo de fondos públicos y el comportamiento de algunos magistrados.

"En los últimos años estuve viviendo en el exterior, venía, decía alguna cosas sobre la Justicia, me indignaba y después me iba. Esta vez decidí que hay que hacer algo, y por eso quiero poner mi experiencia al servicio de un trabajo que impulse determinadas causas en colaboración con el consejo de la Magistratura. Estamos trabajando en un convenio con Harvard para formar profesionales para esta tarea", apuntó.

En ese sentido, Moreno Ocampo sostuvo que le interesaría aportar a las investigaciones que se llevan a cabo sobre los manejos de la obra pública y las exenciones impositivas que beneficiaron a grupos empresarios durante la gestión anterior.

"La causa de Lázaro Báez resulta fundamental para entender cómo se usan los fondos públicos en la Argentina para constituir cajas que se utilizan para financiar la política. No nos podemos olvidar tampoco de los empresarios, por eso es importante hablar con la gente de la Cámara de la construcción, porque no se pueden hacer los tontos con este tema", remarcó.

"Hubo empresas petroleras que resultaron beneficiadas con exenciones impositivas y luego compraron medios de comunicación. Es algo que tenemos que tener en cuenta", agregó.

Moreno Ocampo recordó que en democracia hubo varias denuncias de corrupción que no se investigaron, por lo que insistió en la necesidad de establecer un sistema de justicia independiente para "evitar que a la sociedad la sigan robando".

"En la Argentina, una empresa como Siemens reconoció haberle pagado a un presidente y a un ministro y no pasó nada. La necesidad de establecer la democracia estuvo ligada a la necesidad de que dejaran de matarnos. Bueno, ahora, debemos tratar de evitar que nos roben", ejemplificó.

En cuanto al comportamiento de los jueces, el ex fiscal que acusó junto a Julio César Strassera, a los comandantes de la última dictadura cívico militar en un proceso oral que se sustanció en 1985, se mostró interesado en seguir las alternativas de las denuncias que pesan sobre el camarista Eduardo Freiler, en el Consejo de la Magistratura.

"Creo que Freiler tiene un nivel de vida que no puede justificar. Es un caso interesante, que nos permitirá avanzar sobre otras causas. No nos podemos olvidar del juez Raúl Reynoso, un funcionario que decía luchar contra el narcotráfico y protegía a determinadas bandas. ¿Qué ley del arrepentido puede aplicarse si tenemos magistrados como esos? En la Argentina, debemos analizar cómo y quién investiga" subrayó.

También se refirió a las relaciones que establecen los políticos con los integrantes del Poder Judicial, y recordó el caso del ex presidente Néstor Kirchner, quien jugó "un papel importante" al reformar la Corte Suprema de la "mayoría automática" diseñada por Carlos Menen, pero cuestionó los manejos del santacruceño en la Justicia Federal.

"Kirchner operó sobre la Justicia Federal y eso es algo que hoy lo paga Cristina (Fernández de Kirchner). Los gobernantes de turno ponen jueces amigos que luego los terminan investigando. Le pasó a Menem, que fue puesto preso por los magistrados que nombró y le puede pasar lo mismo a (Mauricio) Macri", fundamentó.

En relación a las causas que pesan sobre la ex presidenta, Moreno Ocampo estimó que las investigaciones "más importantes" son las que tienen que ver con la utilización de fondos de la obra pública, y desestimó el peso de la causa por "el dólar futuro", en la cual instruye el juez Claudio Bonadío, quien ordenó el procesamiento de la ex mandataria.

"Me parece importante analizar la causas que tienen que ver con la obra pública. En relación al dólar futuro, es una investigación que no conozco en profundidad, pero no sé hasta qué punto se pudo armar una maniobra delictiva con eso para favorecer gente amiga. Me parece que eso es estirar un poco la ley", opinó.

Además, evaluó que en la actual coyuntura, el poder político "está muy repartido", tanto en el Congreso como en las provincias, algo que, según interpretó, puede "favorecer la instalación de consensos".

"Nadie tiene mayoría en las Cámaras legislativas del Congreso y el Gobierno no tiene muchos gobernadores que le respondan. Eso puede motivar la instalación de consensos, de negociaciones para modificar esta costumbre de los jueces amigos. Macri es un político nuevo, que heredó un pantano y no sé si percibe que deba impulsar cambios. Por eso, es el momento de que la sociedad utilice las instituciones", enfatizó.

Acerca de la situación de la dirigente Milagro Sala, detenida desde enero en Jujuy como imputada por delitos de corrupción, Moreno Ocampo dijo que desconoce los detalles de esa causa y que coincide con la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en cuanto a que "la prisión preventiva no puede utilizarse como castigo".

"Ésa es la jurisprudencia que sostiene la CIDH. Es lo que está diciendo en este caso y lo que postuló en otros similares que analizó. No conozco las causas contra Sala, pero esa es la doctrina del organismo", puntualizó.