La oposición se alzó con una nueva victoria en el Senado de la Nación este miércoles. El bloque del PJ-Frente para la Victoria impuso su mayoría dentro del recinto y votó el proyecto que declara la Emergencia Social en todo el territorio nacional. Obtuvo 45 votos positivos y 13 negativos.

En un debate de más de dos horas, el pleno dio media sanción, y giró a Diputados, la iniciativa que dispone un aumento del 15% para la Asignación Universal por Hijo y para la Asignación por Embarazo. La iniciativa, impulsada por organizaciones sociales, fue presentada por los senadores Juan Manuel Abal Medina, Teresita Luna (PJ-FpV) y Jaime Linares (GEN).

La propuesta prevé la creación de un millón de puestos de trabajo, bajo el Programa de Ingreso Social con Trabajo, y la conformación de un Consejo de la Economía Popular para que intervenga en la fijación de un Salario Social Complementario que permita alcanzar un Salario Mínimo, Vital y Móvil a los trabajadores más vulnerables.

Autor de la iniciativa, Juan Manuel Abal Medina (PJ-FpV) afirmó que la propuesta tiene como origen "un reclamo social concreto" de "diversos sectores" que luego de la marcha del 7 de agosto -día de San Cayetano- trasladaron el reclamo al Congreso.

El senador dijo que la "necesidad" es "muy urgente" y que a través de esta ley "estamos empezando a dar un paso muy importante para pasar del plan social" al "fomento del trabajo de la economía popular, a generar empleos genuinos".

Explicó que el proyecto "supone la reasignación de un conjunto de partidas del presupuesto". "El Estado tiene que apoyar a la economía popular", enfatizó y consideró que "un sector importante de la Argentina tiene que ser tenida en cuenta".

"Este Senado va a estar a la altura de las circunstancias en este momento difícil que está atravesando nuestro pueblo", agregó.

En tanto, Teresita Luna aseguró: "Buscamos apaciguar los efectos que las políticas de este gobierno generan hoy en los bolsillos de los trabajadores". "Esta iniciativa busca reconocer a un actor que exige un respuesta estatal: el trabajador de la economía popular", continuó.

La legisladora riojana señaló que el sector de la economía informal "implica a emprendimientos de mínima tecnología y baja productividad, sin protección legal". Se trata, para la senadora, de "un nuevo subsuelo de la patria se está sublevando y nosotros como senadores estamos escuchándolos".

A su turno, Jaime Linares (GEN) subrayó que un "40 por ciento de la población está trabajando dentro de la economía informal". Calificó que el "tema central" del proyecto es la creación del Consejo de la Economía Popular, que "monitoree las políticas publicas que se vayan haciendo". Y manifestó que la ley se enmarca en "nuevos caminos para resolver hacia adelante los problemas que se vienen agudizando desde hace muchísimos años".

Desde Cambiemos, el radical Luis Naidenoff reconoció que "el país está pasando por un momento complejo" que desde el oficialismo "no tapamos", pero remarcó que "hay que actuar con mucho sentido de responsabilidad" más allá de que "muchos podemos compartir la inclusión de un millón de nuevos trabajadores".

"Esos sectores sociales necesitan una respuesta mucho más madura, no solo para la coyuntura", sostuvo y rebajó el proyecto al decir: "Es un catalogo de buenas intenciones". También, mencionó que "ya estamos en emergencia social", en alusión a la ley 25.561 sancionada en 2002 y prorrogada en 2015, donde se declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.

Como habitualmente lo hace, la kirchnerista Virginia García discrepó con los miembros de su bloque y expresó que la iniciativa está marcada por el "voluntarismo" y el texto tiene "serias deficiencias de carácter técnica legislativa". Igualmente, dijo: "Voy a acompañar porque reivindico la lucha de las organizaciones sociales".

La presidenta del bloque Pro, Laura Machado, resaltó que el gobierno de Macri ha "mantenido y mejorado" políticas sociales aplicadas por el kirchnerismo y destacó que en el presupuesto para 2017 hay "un aumento importante en el PBI para gasto social". "Creemos en la universalidad de las políticas sociales. La generación de empleo es lo mejor para combatir la pobreza, el resto son herramientas", afirmó.

Por su parte, José Miguel Mayans (PJ-FpV) consideró que "a mayor justicia social, mayor paz social". Señaló que este año "más de 200 mil personas quedaron sin trabajo". "Yo no creo que la gente se mueva como se mueve por estar conforme con el plan económico", añadió.

Luego, Daniel Lovera (Peronismo Pampeano) resaltó que el propio Gobierno nacional ha "reconocido" la emergencia a través de "las estadísticas del INDEC". "No tardemos un minuto más", pidió. Seguidamente, Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur) aseguró: "Es falso que no tenemos recursos, lo que tenemos es una grandísima insensibilidad social. Este proyecto es absolutamente necesario".

En el cierre, el jefe temporario del interbloque de Cambiemos, Néstor Braillard Poccard, rechazó las críticas por "insensibilidad". "Cuando uno debe cambiar la realidad debe empezar por asumirla: eso ha hecho el gobierno al sincerar estadísticas", destacó.

El senador defendió que desde el Ejecutivo "se está haciendo un enorme esfuerzo, y me consta, para darle mejores posibilidades a los que hoy sufren".

La sesión estuvo presidida por el presidente provisional, Federico Pinedo, pero durante el debate por la ley también subió al estrado para dirigir la reunión el senador Juan Manuel Abal Medina, según consignó "Parlamentario".

Desde el Gobierno nacional hay una fuerte resistencia a la ley, y desde el oficialismo advierten que la implementación tendrá un costo fiscal de alrededor de 50 mil millones de pesos. De ser aprobada por Diputados, Macri la vetaría.

En tanto, en la Cámara baja la oposición se encuentra trabajando un proyecto para financiar los gastos a través de impuestos al juego y a la renta financiera.

Movilización

La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie, la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA marcharan por la Ley de Emergencia Social que se realizará el viernes 18 de noviembre al Congreso Nacional.

La marcha se realiza en un contexto de creciente pobreza, desempleo y pérdida del poder adquisitivo, que afecta a todos los trabajadores pero más duramente a quienes trabajan en la informalidad y en la economía popular, la Central junto a organizaciones sociales y sindicales volverá a reclamar al Gobierno Nacional y a las administraciones provinciales la inmediata declaración de la emergencia social y laboral, la reapertura de paritarias, el bono de fin de año, que los salarios mínimos y planes sociales sean equivalantes a lo que necesita una familia para vivir, aumento de emergencia para los jubilados, entre las principales reivindicaciones.

Al respecto, el secretario general de la CTEP, Esteban Castro, manifestó: "Estamos convencidos de que esta unidad nos va a hacer fuertes en el reclamo que venimos haciendo hace tiempo, la declaración de la Emergencia Social es un paliativo urgente para los trabajadores de la economía popular y vamos a la calle para que se escuche nuestro pedido".