Lo hizo a través de la resolución 2095 publicada en el Boletín Oficial, que, luego de transcribir la adhesión al protocolo para la atención de abortos no punibles, anuncia al final que esa resolución fue dada de baja porque no se realizó la consulta a otras áreas de gobierno para su puesta en marcha.

Concretamente se detalla que deben girarse las actuaciones para que se expidan los ministerios de Desarrollo Social, Justicia, Trabajo, a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Asesoría General de Gobierno, para que emitan opinión fundada sobre su contenido. Consideran que esas "intervenciones y los consecuentes informes son condición esencial para la definición de los términos, contenido y alcance del citado protocolo".

La polémica que concluyó con la oficialización de este rechazo al protocolo se inició semanas atrás, cuando la ministra de Salud provincial, Zulma Ortíz, firmó la adhesión al texto, que elaboró la Nación el año pasado.

De inmediato la propia gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, salió a aclarar que la provincia ya contaba con un protocolo en ese sentido, que transcribía lo fijado por la Corte Suprema de Justicia en su histórico fallo del 2012, en el que fijó el alcance de esa figura y que no pondría en marcha ningún otro.

Vidal adelantó en esa oportunidad que era necesario "darle intervención al área de niñez, a los gremios por el tema de la objeción de conciencia, y a la Justicia para evitar la judicialización" de los abortos encuadrados en circunstancias no punibles, pero que mientras no se realizara esa consulta debía seguirse el Protocolo que refleja los parámetros establecidos por la Corte Suprema en 2012.

Organizaciones sociales reclamaron "educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir" en la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Integrantes de la "Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito" y la "Campaña contra las Violencias hacia las Mujeres" reclaman "educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir" y adjudican a sectores vinculados con la iglesia Católica que "presionaron para dar marcha atrás a la adhesión al protocolo para la atención de abortos no punibles" en territorio bonaerense.

"Esto ya pasó, a lo largo de estos once años de campaña se presentó el proyecto en seis oportunidades en la cámara baja y no podemos lograr que se discuta siquiera en comisión, cuando llega el momento, baja una orden y lo cajonean", dijo María Julia Constant, referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en La Plata.

En este sentido,  explicaron "el gobierno bonaerense dejará sin efecto la resolución firmada el 12 de octubre pasado por la ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortiz y a través de la cual la provincia adhería al protocolo nacional de aborto no punible".

Asimismo, reiteraron la importancia del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo elaborado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de Nación, porque además "esta reglamentación habla de una capacitación a los profesionales y de carácter obligatorio para todos los efectores".