El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amenazó con denunciar a los miembros opositores de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que promovieron una investigación para determinar su responsabilidad política en la crisis del país y se pronunció a favor de "llevar a la cárcel" a todo el que viole la Constitución.

"Yo no voy a estar parado, no voy a cruzarme de brazos cuando ellos quieren llenar de violencia y sangre al país, cuando el país tiene instituciones. No me voy a quedar cruzado de brazos ante este golpe de Estado que derrotaremos hasta la médula de quienes lo están llevando adelante. Que le quede claro a los golpistas", advirtió Maduro durante un acto en la sede del Gobierno.

Las declaraciones de Maduro, y otras anteriores lanzadas contra el gobierno por la oposición, configuran un clima nocivo para el "diálogo nacional" entre ambas facciones que impulsa la Unasur con la bendición del papa Francisco.

Esas conversaciones deberían comenzar el próximo domingo. En principio se había anunciado que la sede del diálogo sería la isla Margarita, pero la agencia EFE informo que las partes convinieron reunirse en Caracas.

Los días previos al establecimiento del diálogo estuvieron marcados por marchas y contramarchas callejeras que terminaron con un policía muerto y varios heridos y detenidos, denuncias cruzadas de "golpismo" y "dictadura", medidas extremas del Parlamento que incluyen una citación a Maduro, una huelga de doce horas que se concretó bajo convocatoria opositora y presiones desde el exterior para evitar que se ahonde el conflicto.

La representación del gobierno llegará al diálogo, si esta primera reunión efectivamente se realiza, con el argumento de que la oposición de derecha pretende dar un golpe de estado a Maduro, de acuerdo con directivas que le atribuye a la Casa Blanca.

La oposición, a su vez, presentará dos alternativas: o se reactiva el referendo con el que pretende revocar el mandato de Maduro o se anticipa un llamado a elecciones. Ambas posibilidades fueron descartadas de plano por el chavismo.

Maduro ha dicho que encabezará personalmente la delegación oficialista en el diálogo nacional, con la esperanza de discutir fórmulas capaces de ayudar al país de salir de una crisis económica que ha derivado en el desabastecimiento de productos de consumo masivo y altos niveles de inflación.

Los adversarios del gobierno, a su turno, no han logrado ocultar sus diferencias ante la convocatoria a estas conversaciones, al punto de que el secretario ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, confirmó la presencia del antichavismo un día después de que el ex candidato presidencial del espacio, Henrique Capriles, la hubiera negado.

La reunión del domingo fue anunciada la semana pasada por monseñor Emil Paul Tscherrig, quien dijo que la cita será en la isla Margarita. Pero la oposición quería que la reunión se lleve a cabo en Caracas y así lo acordó con el oficialismo.

El plan de lucha diseñado por la oposición incluyó el miércoles una gran manifestación en las grandes ciudades del país bautizada como la "toma de Venezuela", siguió con una huelga general de doce horas y continuará el jueves con una marcha hacia el Palacio Miraflores, donde está la sede del gobierno.

El chavismo también convocó para ese mismo día y en ese mismo lugar a una concentración de sus simpatizantes.

La prensa venezolana coincidió hoy en que la huelga se cumplió a medias y el grado de adhesión fue dispar, de acuerdo con las actividades y las regiones del país.

Para Maduro, en cambio, "ha fracasado el paro de la oligarquía", según dijo en un mitin en Miraflores.

En ese escenario, Maduro atacó a la mayoría opositora de la Asamblea Nacional por su decisión de abrirle un proceso parlamentario.

"Si ellos violan la Constitución y hacen un supuesto juicio político que no está en nuestra Carta Magna, la Procuraduría General de la República debe meter una demanda y llevar a la cárcel a todo el que viole la Constitución", sostuvo.

Por su parte, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo que el Tribunal Supremo no tiene facultad para disolver al parlamento, pese a todos los procedimientos abiertos ante la Justicia por sus acciones contra el Ejecutivo, y aseguró que la figura de "juicio político" a un presidente no existe en el país.