El ministro de Justicia de la Provincia, Gustavo Ferrari le pidió la renuncia a Fernando Díaz y a toda la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense, siendo en total alrededor de 135 jefes del organismo. El reemplazante de Díaz será Juan Baric, actual subsecretario de política penitenciaria.

La situación de las cárceles en Buenos Aires ha sobrepasado un límite debido a sus malas condiciones de alojamiento, salubridad y alimentación resultado del hacinamiento que viven hoy estos centros penitenciarios que alojan a un total de 33.000 presos, cifra que representa el 45 por ciento de los detenidos en todo el país.

Este martes a las 10, la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro Ferrari, darán una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en La Plata, para brindar precisiones sobre el tema.

Allí anunciarán el nuevo esquema de conducción de la cúpula, que según adelantaron "será cien por ciento civil".

Díaz fue citado a prestar declaración indagatoria por el juez federal de Salta, Miguel Antonio Medina, en la causa que "investiga irregularidades millonarias en el servicio de catering del Complejo Penitenciario Federal de Salta que habrían derivado en un régimen de hambre para los detenidos".

En ese momento, Díaz se desempeñaba como auditor general del Servicio Penitenciario Federal y la causa en su contra fue impulsada por la Procuraduría contra la Violencia Institucional, por irregularidades en el suministro de alimentos a los internos del Complejo Penitenciario Federal NOA, ubicado en la localidad de General Güemes.

Además, la Comisión Provincial de la Memoria lo cuestionó por haber estado al frente del SPB en 2005, cuando murieron 33 detenidos en la cárcel bonaerense de Magdalena, juicio que podría iniciarse a fines de este año.

Díaz había sido designado a principios de este año cuando el Ministerio de Justicia estaba a cargo de Carlos Mahiques y fue ahora echado por Ferrari, por orden de Vidal.

Fernando Díaz ya había ocupado ese cargo desde el 2005, cuando gobernaba Felipe Solá, hasta el 2009 durante el mandato de Daniel Scioli. En su gestión ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos y se agravaron las condiciones del encierro en la Provincia. Él era el responsable del SPB cuando ocurrió uno de los hechos más graves en las cárceles de la Provincia: la masacre de Magdalena. Allí 33 jóvenes privados de su libertad murieron en la Unidad Penal 28 cuando, al incendiarse uno de los pabellones, los agentes penitenciarios reprimieron y cerraron las puertas.