Con 135 votos a favor y 50 en contra, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado este jueves el proyecto de ley para "recuperar lo robado" a través de la extinción de dominio sobre los bienes provenientes de hechos ilícitos.

La iniciativa obtuvo respaldo de parte de la oposición, dado que el Frente para la Victoria auguró que será declarada "inconstitucional" porque el decomiso se podrá aplicar aún sin condena firme.

Votaron a favor el Frente Renovador de Sergio Massa y el bloque Justicialista de Diego Bossio y Oscar Romero, que horas antes habían acompañado, junto al kirchnerismo, el proyecto de ley del arrepentido.

Hubo tres abstenciones, de Carlos Heller (Partido Solidario) y el bloque Compromiso Federal de los hermanos Rodríguez Saá.

La extinción de dominio consiste en que el Estado pueda apropiarse y disponer de los bienes y activos obtenidos a través de la comisión de un delito, como corrupción, contrabando, lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas, terrorismo, asociación ilícita, secuestro extorsivo, prostitución y pornografía infantil.

A diferencia de otro proyecto que había aprobado el Senado en 2014 por unanimidad, el texto actual está planteado en la órbita civil y no penal. Esta distinción es sustancial, puesto que la futura ley apunta al bien y no a la persona.

"No son los principios del derecho penal los que rigen en el civil", explicó el titular de la Comisión de Seguridad Interior, Luis Petri (UCR), al indicar que "lo que se debe demostrar en última instancia es el origen lícito o ilícito de ese bien".

Petri defendió además que la extinción de dominio sea imprescriptible y dijo de igual modo que "la irretroactividad de la ley penal no rige en el derecho civil".

El presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky (Pro), sostuvo que "además de la recuperación de los bienes para la sociedad, este proyecto tiene un fin que se enmarca en la lucha contra la inseguridad".

"Todos sabemos que las bandas de delincuentes se financian con dinero malhabido", indicó el macrista, y añadió que "este proyecto no sólo va a ser para luchar contra la corrupción, algo que la sociedad pide a gritos, sino también para luchar contra la inseguridad".

Lipovetzky aseguró que la iniciativa "es innovadora, se basa en legislación internacional, en modelos trabajados en Naciones Unidas", y agregó que "nuestro país se comprometió a nivel internacional a incorporar este tipo de legislación".

Luis Cigogna defendió la posición del Frente para la Victoria y consideró que el proyecto "viola artículos de la Constitución Nacional". "Los jueces van a declarar inconstitucional esta ley y en consecuencia no habrá extinción de dominio ni decomiso posible", lamentó el kirchnerista.

"Coincidimos en el objetivo perseguido, es absolutamente loable -insistió-, pero tenemos la convicción de que el dictamen mayoritario viola el régimen constitucional argentino. Si no hay sentencia penal, no hay decomiso posible".

En el mismo sentido, la entrerriana Carolina Gaillard opinó que "se está avasallando el principio de inocencia establecido en el artículo 18 de nuestra Constitución", y advirtió: "Estamos poniendo a todos los ciudadanos argentinos bajo sospecha".

Coincidió en este punto la diputada de izquierda Myriam Bregman, quien advirtió que "esta ley sienta un precedente terrible, que es que se puede actuar sin sentencia".

Margarita Stolbizer, del GEN, centró sus críticas en la forma como se dio el debate. Habló de una "urgencia injustificada" y de una "estrategia de marketing" del oficialismo, al que acusó de "no aceptar debates en profundidad".

Al cierre del debate, la jefa del bloque massista, Graciela Camaño -autora del proyecto original- sostuvo que "la mejor forma de esclarecer un delito es a través de una buena investigación judicial, con fuerzas de seguridad formadas y jueces independientes".

"La figura que estamos votando debe ser la puerta de entrada para una discusión mucho más profunda, un cambio integral en materia de seguridad", señaló.

Camaño aseguró, al responder a críticas de otros diputados, que "esta ley hace anclaje en la Constitución", y precisó que "Colombia, Guatemala, Honduras, México y Perú son países que se animaron a este tipo de legislación".

"Estamos dispuestos a extinguir el dominio de los bienes que provienen de la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero", ratificó la legisladora, y agregó que "hay una decisión política con la vocación suficiente para avanzar en el combate del delito".

El jefe del bloque radical y del interbloque Cambiemos, Mario Negri, sostuvo que se busca "un aporte institucional a la transparencia, que agilice los mecanismos procesales y que logre mayor celeridad frente a los delitos complejos".

El cordobés dijo asimismo que "el decomiso en la acción penal ha sido malo" y que "los números de eficacia son bajísimos".

La futura ley contempla los bienes ubicados tanto en el país como en el extranjero, y no fija plazo de prescripción para la extinción de dominio.

Los bienes que se recuperan podrán ser destinados a las áreas de salud, educación, trabajo y vivienda y lucha contra el narcotráfico, según consignó "Parlamentario".